¿Cómo va a cambiar el Impuesto de Sociedades?

El paso de las musas al teatro conlleva que una buena idea se lleve a la realidad. Fuera del ámbito teatral, ese tránsito se puede comparar con las fotos de los políticos firmando documentos, con el intricado paso final que implica poner en marcha esos acuerdos. Eso sucede ahora con el Impuesto de Sociedades (IS), que en teoría desprende buenas intenciones, pero que aún habrá que esperar para verlo en la práctica.

Los economistas debaten, para empezar, si el acuerdo del G20 será beneficioso para todas las partes, más allá de que su aplicación sea más o menos sencilla. En un coloquio organizado por el Consejo General de Economistas, discutieron sobre ello Jorge Onrubia, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid; y Eduardo Sanz, Inspector de Hacienda jubilado y ex subdirector general de Impuestos sobre Personas Jurídicas.

La principal conclusión no deja lugar a dudas: “El impuesto recaudará si hay resultados económicos y nada más”, sentencia Sanz. Por eso, las reformas de este impuesto, concretamente en España, “no deben moverse en sentido recaudatorio” porque pueden llegar a ser “contraproducentes”. “Los beneficios vendrán si hay confianza empresarial”, apostilla.

Por su parte, Onrubia coincide en que la reforma de este impuesto no debe tener afán recaudatorio, a pesar de que España difícilmente recuperará los ingresos de 2007, el récord histórico. “España vivía en la burbuja, con una actividad empresarial elevadísima y unos ingresos empresariales muy altos: volver a esos volúmenes lo veo complicado”, sentencia el experto.

No obstante, los especialistas alejan el foco de la recaudación, dado que en general los parámetros son similares a los de la Unión Europea. “No estamos tan lejos de la media”, dice Onrubia, mientras que Sanz pone el ejemplo de 2016, cuando la recaudación del Impuesto de Sociedades alcanzó el 2,3% sobre el PIB, mientras que en la Unión Europea ascendió al 2,6%. En ese sentido, desaconseja tomar como referencia años excepcionales, como el propio 2007 o el pasado 2020. En todo caso, Onrubia señala a la estabilidad política y fiscal como palanca para mejorar la actividad empresarial y, en consecuencia, la recaudación.

Onrubia añade que el panorama internacional está caracterizado por una alta competitividad para atraer capitales. Sin embargo, descarta que se trate de un problema de impuestos. “Quizás es tanto de política tributaria como de política industrial o financiera”, recalca. Los datos ratifican su hipótesis, dado que desde 2018 no han dejado de descender las inversiones extranjeras, desde más de 55.000 millones de euros hasta la mitad en 2019: “Esto quiere decir algo”.

Con respecto a la competitividad, ambos economistas creen que España no tiene ni ha tenido vocación por atraer inversión extranjera con impuestos bajos. La prueba es que España mantiene un IS del 25%, mientras que el acuerdo del G20 pretende establecer un mínimo del 15%, sobrepasado considerablemente por el gravamen español. “Un 25% no es atractivo”, dice Sanz. “Si se quiere que el impuesto no sea repulsivo no debe subir”, apunta.

En cuanto al acuerdo en el seno del G20, implica la pretensión de no introducir la ‘Tasa Google’. ¿Sale rentable el cambio? Para estos economistas no. “Los grandes grupos multinacionales cederán una parte de su beneficio, el beneficio residual, en torno al 20% o el 30%”, aclara Sanz. “No hay grandes sumas a distribuir”.

Queda por saber cómo se ejecutarán, para lo que la Unión Europea pretende preparar varias directivas que traduzcan el acuerdo a la realidad de las empresas. “Los documentos que hay son muy abstractos y generalistas, no descienden a la letra pequeña”, opina Sanz. Por su parte, Onrubia considera que lo que tiene dificultad es definir cuál va a ser la base imponible en cada caso: “Esto tiene mucha dificultad y constituirá un escollo”. Quiere decir que habrá que tener en cuenta un resultado contable estado a estado.

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