El FMI ha asestado un varapalo a la economía española esta semana, al cuantificar cómo de grandes serán las consecuencias de la paralización de la actividad y del confinamiento. Las medidas que se han impuesto tratan de frenar la propagación de un virus que ya ha matado a casi 20.000 personas en España y 130.000 […]
NacionalDirigentes Digital
| 15 abr 2020
El FMI ha asestado un varapalo a la economía española esta semana, al cuantificar cómo de grandes serán las consecuencias de la paralización de la actividad y del confinamiento. Las medidas que se han impuesto tratan de frenar la propagación de un virus que ya ha matado a casi 20.000 personas en España y 130.000 en el mundo.
Según el organismo internacional España protagonizará la segunda mayor caída de entre los grandes países (-8%), solo superado por la debacle de la economía italiana (-9,1%). No obstante, esas cifras se traducen en una ingente cantidad de negocios que tratan de sortear las dificultades de esta crisis.
En un intento de ayudar a las empresas, el Gobierno ha puesto en marcha diversos planes para amortiguar la caída. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, transmitió como un logro que las empresas hayan tenido que acogerse a estas ayudas. Así, explicó que las actuaciones han servido para dar “mayor liquidez a muchas empresas”, además de dotar de “fortaleza” a pymes y autónomos.
Sin embargo, las cifras que ha registrado el estado hasta ahora reflejan hasta qué punto las empresas están viviendo unos momentos cruciales para su supervivencia.
El Gobierno anunció en un primer momento una movilización de recursos “colosal”, según las palabras del presidente, Pedro Sánchez. De esos 200.000 millones en los que estaba cifrada dicha movilización, el estado aportaría la mitad, 100.000 millones, si bien lo haría en forma de avales y, en un primer momento, solo se activó una primera línea de 20.000 millones, a la que se ha sumado otra dotada con la misma cantidad y que se dirige en especial a los autónomos y a las pymes.
El Ejecutivo traslada que se han puesto en marcha 48.542 operaciones, por un valor de 4.739 millones de euros. Sin embargo, el pronóstico es que tengan que acogerse a la línea de avales del ICO un total de 1,3 millones de empresas.
El sector del emprendimiento y los pequeños negocios es el que menos capacidad tiene para poder enfrentar crisis como esta. En ese sentido, tener que cerrar supone no registrar ingresos. Para ayudar a este sector, se facilitó que los autónomos pudieran acceder a una prestación por cese de actividad o por la pérdida de un 75% de su facturación.
Hasta ahora, casi un millón de autónomos han solicitado la prestación (941.000 solicitudes), de los que 780.000 han recibido el visto bueno y podrán percibir esta ayuda.
Para aliviar los costes de seguir en funcionamiento, se dio luz verde a que las empresas pudieran aplazar el pago de las cuotas sociales de sus empleados. En total, son 63.766 empresas las que han utilizado esta vía para tomar un respiro. En lo que atañe a los autónomos, 28.619 trabajadores por cuenta propia se acogieron a esta posibilidad. En total, estos negocios dan trabajo a 807.000 profesionales.
Las empresas que han ajustado sus plantillas para adaptarse a la demanda en estas fechas tenían la opción de no pagar las cotizaciones sociales de sus empleados. Así, un total de 396.000 empresas y autónomos que han presentado ERTEs por el estado de alarma han podido dejar de pagar estos costes.