Casi un año después del inicio de la pandemia, la dicotomía entre salvar la salud y la economía está sobre la mesa. Muchas son las voces que se han alzado con el argumento: “Si no nos mata el virus, nos va a matar el hambre”, en relación con la pérdida de empleos y la delicada situación que atraviesan muchas empresas tras meses de restricciones. El encierro forzoso durante la primavera pasada dejó muy tocada la cuenta de resultados de las organizaciones, que se limitan a aguantar el tirón de la segunda y tercera ola de contagios como pueden, al menos las que han logrado sobrevivir. La estadística experimental sobre demografía de empresas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que más de 204.000 compañías que emplean al menos a una persona y 323.000 autónomos tiraron la toalla a finales de verano, justo antes del inicio de la segunda ola de contagios. 

En el momento actual, la imposición del toque de queda en casi la práctica totalidad de España y con muchas actividades limitadas o restringidas, abre el dilema sobre “el delicado equilibrio” de minimizar el impacto entre ambas variables (las vidas y los puestos de trabajo) sin tener que elegir entre una y otra. En plena tercera ola de contagios y con la tasa de incidencia muy por encima de los umbrales ante los que la Unión Europea recomienda un confinamiento total, Cepyme y Ceprede han publicado un estudio de manera conjunta en el que se analizan las consecuencias económicas del aumento de casos de COVID-19 tras la festividad de Navidad y las medidas restrictivas en las pymes.

La principal conclusión que se desprende es que otro encierro total en los hogares terminaría por asfixiar al tejido patrio con caídas en la facturación del 14% y del 9,5% sobre el mercado laboral, que se traducen en la pérdida de 1.800 millones de euros semanales y 480.000 empleos. De esta cantidad, las pymes serían las más afectadas concentrando alrededor del 63% de la pérdida de empleabilidad y del 60% de la reducción de ingresos (1.100 millones). En concreto, las medianas compañías absorberían el 18%, las pequeñas y microempresas un 22% en cada caso. 

De los 1.800 millones citados con anterioridad, más de la mitad serían asumidos por sectores como construcción, hostelería, comercio mayorista y comercio minorista, automoción, inmobiliarias y transporte terrestre, segmentos en los que la presencia de las pymes roza el 60%. 

“Al igual que sucedió durante el primer confinamiento, estos impactos serían muy diferentes en las distintas ramas de actividad, con diferentes repercusiones del aumento de las restricciones de movilidad, desde efectos prácticamente nulos, o incluso ligeramente positivos en actividades sanitarias, telecomunicaciones o servicios financieros, hasta reducciones superiores al 1% por cada punto de aumento del índice de restricciones en las agencias de viajes y operadores turísticos, el transporte aéreo o la hostelería”, precisan en el citado informe. 

En este contexto, alertan de que, si bien la pyme ha capeado el temporal invirtiendo en patrimonio y recurriendo a financiación para afrontar los gastos corrientes, el alargamiento de la crisis sanitaria las pone contra las cuerdas con problemas de solvencia que pueden desembocar en cierres definitivos. El Banco de España estimaba a finales del ejercicio anterior, que entre un 14% y un 19% de las compañías eran insolventes y anticipaba la inviabilidad de una de cada diez.