La Directiva Europea que persigue tumbar la morosidad en los pagos a pequeñas y medianas empresas entró en vigor hace un par de años y, sin embargo, los impagos continúan siendo una de las principales amenazas de esta parte del tejido empresarial español. Así lo pone de manifiesto el último Informe Europeo de Pagos, elaborado por Intrum, en el que se estima que el 30% de las pymes españolas ve afectado su negocio a causa de la morosidad.

Dicho estudio resalta los retrasos en los pagos a las empresas como uno de los principales factores que perjudican a la buena marcha de su negocio. En concreto, cuatro de cada diez empresas encuestadas temen que el retraso en los pagos tenga un impacto negativo en la liquidez de su empresa. Entre ellos, se encuentra la imposibilidad de poder contratar a más profesionales.

La citada iniciativa fue puesta en marcha por parte de la Comisión Europea con el objetivo de resolver el problema de los pagos atrasados o al menos detener esa tendencia. Si bien más de un tercio dice conocer la directiva, el 81% no observó ningún impacto sobre este aspecto.

Dificultades financieras, conflicto sobre los bienes y servicios prestados, ineficiencia administrativa de sus clientes o pagos atrasados intencionadamente son las principales causas que conducen a las empresas a realizar un desembolso tardío.

De una muestra de 9.607 empresas europeas, el 42% se vio obligada a aceptar condiciones de pago con un plazo superior al que le gustaría, especialmente, las grandes compañías. Las empresas del sector público son las menos afectadas por esta situación.

En cualquier caso, las pérdidas por impago representaron el 0,7% de la facturación total durante 2018, más de un punto porcentual menos con respecto al año anterior, cuando se situó en el 2%.