La salud del sistema público de pensiones español está deteriorándose a medida que aumenta la esperanza de vida y la población envejece. Por eso, y según Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, las reformas se tornan necesarias para conseguir la sostenibilidad financiera. La situación del sistema de pensiones español atraviesa un momento complicado debido, […]
| 03 ene 2022
La salud del sistema público de pensiones español está deteriorándose a medida que aumenta la esperanza de vida y la población envejece. Por eso, y según Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, las reformas se tornan necesarias para conseguir la sostenibilidad financiera.
La situación del sistema de pensiones español atraviesa un momento complicado debido, en parte, a que el segundo y el tercer pilar están muy poco desarrollados en nuestro país, ¿qué se debe hacer para que haya un mejor desarrollo?
En el sector asegurador debemos estar siempre atentos a los indicadores que nos avanzan qué puede ocurrir en el futuro y así, prevenirnos ante lo que está por llegar. En el caso de la previsión social, sin embargo, no hablamos de indicios sino de evidencias cuando decimos que estamos ante uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos como sociedad: el envejecimiento demográfico derivado del aumento de la esperanza de vida. Con estas cartas sobre la mesa, resulta evidente que la gran reforma de las pensiones pendiente en España pasa por entender que el sistema de reparto no puede afrontar en solitario este reto. Es imprescindible crear masas de ahorro que complementen a las pensiones públicas. Hay que crear la España de las tres pensiones: públicas (primer pilar), ahorro colectivo, generado habitualmente en el entorno o profesional (segundo pilar); y ahorro individual (tercer pilar).
Recientemente, el Gobierno ha dado pasos en el camino para impulsar el segundo pilar, pero no se han tomado en la dirección correcta ni han sido suficientes. No se puede impulsar los sistemas de ahorro empresariales olvidando a pymes y autónomos. No se puede fomentar el ahorro en la empresa en detrimento del ahorro individual.
Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para insuflar a nuestro sistema de pensiones el oxígeno que tanto necesita, es sumar, y no restar. Hay que promover iniciativas que garanticen la estabilidad de cada uno de los tres pilares, sin excepción.
¿Por qué es tan importante que se apueste por mejorar y expandir tanto los sistemas de previsión social empresarial como los individuales?
Los sistemas de pensiones basados en tres pilares son la forma más eficaz de responder a los retos que afectan a las pensiones. Generar varias fuentes de ingresos en la jubilación contribuye a favorecer la sostenibilidad del propio sistema y, a la vez, favorece que la cuantía de las pensiones sea adecuada.
La principal ventaja de esta fórmula basada en varios pilares es que se pueden diversificar los riesgos. Los factores que más afectan al primer pilar (como son la dinámica del mercado de trabajo, el envejecimiento demográfico o el estado de las finanzas públicas) no están plenamente correlacionados con los que afectan a los otros dos pilares (que son las fluctuaciones de la rentabilidad financiera, la volatilidad de los mercados o la inflación).
Este modelo de pensiones con tres pilares complementarios es el que recomiendan organismos internacionales del prestigio de la Unión Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En julio de 2010, la Comisión Europea publicó un libro verde sobre pensiones con el título En pos de unos sistemas de pensiones adecuados, sostenibles y seguros. En este documento, el Ejecutivo comunitario hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad y adecuación de los sistemas públicos de pensiones.
En el mencionado Libro Verde se pone de manifiesto, al igual que en la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, que el futuro y sostenibilidad de los sistemas de Seguridad Social y de Pensiones de la Unión Europea pasa por que los Estados miembros se atrevan a tomar decisiones consensuadas a medio y largo plazo. Estas decisiones deben garantizar, responsablemente y al margen del debate político cortoplacista, la viabilidad y supervivencia del núcleo de los modelos sociales europeos, que es el principio de solidaridad entre las generaciones y los grupos sociales.
Sin poner en modo alguno en tela de juicio el primer pilar de los sistemas de seguridad social, reconoce que la estructura de los tres pilares es una opción equilibrada, siendo absolutamente necesario que los sistemas obligatorios de pensiones (primer pilar) se complementen con unos sistemas profesionales de pensiones colectivos (segundo pilar) y con los productos adicionales individuales (tercer pilar).
Asimismo, el Libro Blanco de la Comisión Europea publicado en febrero de 2012 y titulado Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, recoge expresamente que los planes de ahorro complementarios de jubilación incluyen, entre otros, los planes de pensiones personales y de empleo y los seguros de vida.
La propia Constitución Española, en el artículo 41, configura un modelo de coexistencia entre el sistema público de previsión social y los sistemas privados, mediante la proclamación de un sistema de Seguridad Social para todos los ciudadanos que cubra sus necesidades fundamentales y la apertura de la posibilidad de otros sistemas de asistencia y prestaciones complementarios (no sustitutivas o excluyentes de la Seguridad Social obligatoria) y libres, por cuanto nacerían de la voluntad de sus receptores. Dentro de los sistemas de previsión social complementaria se insertarían la previsión social empresarial (segundo pilar) y la previsión social individual (tercer pilar).
Por tanto, resulta absolutamente necesario un sistema de pensiones que complemente los tres pilares; modelo de coexistencia que, como vemos, consagra nuestra Constitución y, además, forma parte de las recomendaciones de las principales instituciones europeas y españolas expertas en la materia (Parlamento Europeo, Comisión Europea, Banco de España, etc.).
¿Cuál es el punto de partida de España y qué reformas serían necesarias a grandes rasgos?
La gran reforma de las pensiones pendiente en España pasa por generar masas de ahorro que complementen a las pensiones públicas. Hay que articular mecanismos que permitan la existencia de las tres pensiones –pública, empresarial e individual– y lograr así que estos tres pilares puedan mantener el nivel de bienestar de nuestros mayores en una España donde, afortunadamente, cada vez vivimos más años.
En lo referente al segundo pilar, desde UNESPA siempre se ha defendido que el modelo de automatic enrolment británico es una referencia de éxito en la que mirarse. Este sistema supone la inclusión por defecto de los trabajadores en un esquema de previsión social al que tiene obligatoriamente que contribuir su empresa, siempre que el trabajador también aporte, y del que el trabajador puede salirse si lo desea. Los planes de pensiones de empresa que prevé el Gobierno deberían ir más en esta línea.
Conviene recordar que es necesario que transcurran bastantes años (unos 15, para ser exactos) para que los sistemas de previsión social de empleo basados en la adscripción por defecto comiencen a tener un cierto grado de desarrollo. Lleva tiempo acumular masas de ahorro relevantes. Por eso, sigue siendo importante impulsar otras iniciativas, especialmente en el tercer pilar.
Los incentivos fiscales al ahorro individual son imprescindibles. Sin embargo, el Gobierno español los ha rebajado hasta la práctica inexistencia en los últimos dos años. Esto es un error. Se debe incentivar al que está dispuesto a ahorrar y, lo que es más importante, al que no puede ahorrar a través del empleo, como ocurre en el caso de autónomos, pymes y micropymes. Toda medida que ayude a hacer más atractivos los planes de ahorro individual, es una medida que garantiza un futuro más seguro.
En la misma línea, otra iniciativa imprescindible es informar a los ciudadanos, mediante una comunicación específica, sobre la pensión esperada futura que previsiblemente percibirán del sistema público y de los instrumentos de carácter complementario privados. De esta forma, los ciudadanos son conscientes de los recursos con los que contarán cuando se jubilen y pueden tomar las decisiones de ahorro oportunas desde edades tempranas. El Gobierno prevé una medida similar para los beneficiarios de los planes de empresa que ahora se impulsarán pero, de nuevo, aquí queda excluida gran parte de los trabajadores.
¿Van las reformas hechas hasta ahora por el camino correcto?
La reforma más importante que tenemos ahora mismo sobre la mesa, como es el fondo público de pensiones, es claramente insuficiente. El anteproyecto de ley carece de verdaderas medidas de impulso de la previsión social puesto que en ningún caso garantiza la generalización de la previsión social en el ámbito empresarial. Para afianzar verdaderamente el sistema, sería necesario aplicar una serie de medidas.
En el ámbito fiscal, por ejemplo, sería necesaria la deducción de un porcentaje de las aportaciones en la cuota del Impuesto sobre Sociedades del empresario. En el mismo sentido, sería necesaria la no sujeción a cotización a la Seguridad Social de las contribuciones empresariales a sistemas de empleo a favor del trabajador.
En los aspectos relativos a la financiación de este segundo pilar, no debería hacerse recaer en las empresas todo el esfuerzo de financiación de las pensiones de jubilación complementarias. Se debería prever, como se hace en otros países de nuestro entorno, un sistema mixto de financiación en la que las contribuciones empresariales requieran de aportaciones de los trabajadores que, a su vez, se complementarían con subvenciones directas por parte del Estado.
Finalmente, en el ámbito de la transparencia, deberían aplicarse medidas complementarias que ayuden a la concienciación de los ciudadanos sobre la necesidad de ahorrar para la jubilación, como informar anualmente a los trabajadores por escrito sobre su expectativa de pensión de jubilación futura tanto de la Seguridad Social, como de los sistemas de previsión complementarios.
Asimismo, el necesario y decidido impulso del segundo pilar no debería hacerse en detrimento de los sistemas de previsión social individuales, que también es necesario seguir fomentando, ya que sólo la combinación de los tres pilares permitirá contar con unas pensiones suficientes en el momento de la jubilación.
Se debe tener en cuenta, además, que hoy en día los ingresos de una gran parte de los trabajadores, de los autónomos y de las empresas, son irregulares, es decir, que presentan importantes diferencias de unos años a otros. Por ello, se debería establecer una mayor flexibilidad en lo que respecta a los límites fiscales y financieros máximos de aportación a sistemas de previsión social con derecho a reducción en base imponible. Una buena alternativa sería permitir que tales límites no se computen anualmente (por ejemplo, 5.000 euros anuales), sino que se establezcan para un período dilatado en el tiempo (por ejemplo, 100.000 euros en un periodo de 20 años) o incluso de forma global (por ejemplo, 200.000 euros en total).
¿Puede ser un impulso la llegada del PEPP?
El producto paneuropeo de pensiones (PEPP, en inglés) nace como un impulso a los planes de pensiones individuales, pero su aplicación en España será difícil si tenemos en cuenta el actual empeoramiento de la fiscalidad de este tipo de productos.
La Comisión Europea, en su recomendación de 29 de junio de 2017, puso de manifiesto que los planes de pensiones individuales pueden desempeñar un papel importante a la hora de conectar a los ahorradores a largo plazo con las oportunidades de inversión a largo plazo y que los incentivos fiscales desempeñan un papel importante en el fomento de la asimilación de los productos de pensiones individuales. Por ese motivo, instaba a los Estados miembros, que son los que tienen competencia en materia de fiscalidad, a conceder a los PEPP el mismo tratamiento fiscal que otorguen a los productos de pensiones individuales nacionales.
El notable empeoramiento de la fiscalidad de los productos de pensiones individuales en España, que limitará en 2022 la aportación máxima a estos productos a 1.500 euros anuales, puede perjudicar notablemente el futuro desarrollo del PEPP, el cual difícilmente podrá tener éxito en nuestro país si carece de unos incentivos fiscales adecuados.
En prácticamente todos los países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos fiscales para la promoción y desarrollo de los sistemas de previsión social complementarios, tanto empresariales como individuales. La reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España en apenas dos ejercicios fiscales (de 8.000 euros a 1.500 euros anuales) contraviene la clara tendencia internacional y europea que va en la línea de estimularlos, como claramente se desprende de la creación en el ámbito de la UE del PEPP.
Las razones para poner en marcha el PEPP son múltiples y se recogen en la propia exposición de motivos del Reglamento (UUE) 2019/1238. Entre estas razones destaca la importancia de que los ciudadanos europeos cuenten con una pensión de jubilación adecuada para disfrutar de una vida digna durante el retiro, el desafío demográfico provocado por el envejecimiento para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones públicos y facilitar a los ciudadanos ejercer sus derechos fundamentales, como aceptar un puesto de trabajo o jubilarse en otro estado miembro. Carece de sentido que en España perdamos la oportunidad de impulsar todos estos ámbitos por recibir al PEPP en un contexto fiscal tan poco adecuado.
En el Observatorio de las pensiones de Caser se mostró unanimidad a la hora de pedir una mayor flexibilidad en estos productos para que se adecuen a las nuevas realidades laborales, ¿compartís también esta visión?
Legislar es un ejercicio que debe hacerse con la vista puesta en la realidad social del momento. El actual sistema de pensiones de empleo está pensado para vidas laborales estables, como las que se vivieron en Europa durante los años sesenta, setenta y ochenta. En esa época, era corriente estar décadas en un mismo puesto de trabajo. Pero esto no ocurre en el siglo XXI. El mercado laboral actual es distinto. Es mucho más habitual cambiar de trabajo y, al hacerlo, es corriente que las condiciones cambien bastante entre un empleo y otro. Por ello los planes de ahorro deben llevar la flexibilidad por bandera y adaptarse a una realidad donde no todos trabajan en grandes compañías, donde hay quien cambia de trabajo con relativa frecuencia y en un país donde la pyme, la micropyme y el autónomo constituyen la espina dorsal del tejido productivo.
Contar con un sistema más flexible es lo que nos ayudará a atraer a un mayor número de trabajadores al ahorro. Es decir, no se trata solo de hacerles conscientes de la necesidad de tener una planificación financiera, sino de incentivar su ahorro y eliminar trabas.
¿Qué importancia tiene el reciente convenio colectivo para aseguradoras, mutualidades y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el período 2020-2024?
En los tiempos convulsos que nos está tocando vivir, contar con un convenio colectivo a cinco años supone, sin duda, un marco de estabilidad laboral garantizada. Estabilidad que proporcionamos a las cerca de 74.000 personas que trabajan en aseguradoras, reaseguradoras, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, mutualidades de previsión social y corredurías de reaseguro de España. Hoy más que nunca, estabilidad significa creación de empleo y, lo que es más importante, calidad en el empleo.
Podríamos decir que este es un convenio innovador porque adapta las relaciones laborales en el ámbito del seguro a las nuevas realidades tecnológicas y demandas sociales como son el teletrabajo, la conciliación o la desconexión digital. Esta adaptación a la realidad social, además, hace que el convenio incorpore importantes avances en un ámbito imprescindible en un sector que quiere liderar la vanguardia del siglo XXI, como es la igualdad y la corresponsabilidad.
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