Las pensiones están en boca de todos. Pero pese a que la última noticia que hemos tenido sobre ellas ha sido la decisión del Gobierno de pactar sindicatos una la elevación de la cotización a la Seguridad Social un 0,6%, lo cierto es que los límites de las deducciones fiscales en el IRPF en el […]
| 29 dic 2021
Las pensiones están en boca de todos. Pero pese a que la última noticia que hemos tenido sobre ellas ha sido la decisión del Gobierno de pactar sindicatos una la elevación de la cotización a la Seguridad Social un 0,6%, lo cierto es que los límites de las deducciones fiscales en el IRPF en el caso de los Planes de Pensiones individuales también está dando mucho de qué hablar.
Hasta que el año pasado se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado de 2021, la norma señalaba que se podía insertar hasta 8.000 euros anuales a un Plan de Pensiones Individual y descontarse ese importe del IRPF. Este escenario cambio con esos PG del año pasado, pues esa cantidad se redujo a los 2.000 euros en el caso de estos vehículos de ahorro.
Ahora el Gobierno pretende hacer descender esa cifra aún más y llegar a los, como máximo, 1.500 euros anuales de aportaciones a un Plan de Pensiones Individuales para poder beneficiarse de esa tan deseada reducción del IRPF. El ejecutivo estaría tratando de esta forma de fomentar los planes de pensiones privados colectivos, pero castigando el ahorro privado con un instrumento del que no se puede recuperar el dinero hasta 2025, diez años después de la primera aportación.
De hecho, José María Mollinedo, el Secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha) recalca que la medida planteada por el ejecutivo es un ejercicio de equidad para con las rentas más bajas. “El beneficio fiscal calculado como una reducción en la base lo que hace es beneficiar más a quien más ingresos declara, porque reduce la progresividad de todas sus rentas”, explica el experto.
“Los planes de pensiones individuales sí se han desincentivado, en cambio lo que se está ahora buscando los planes colectivos, los planes de empresa, que esto junto con la aportación conjunta del trabajador, se mantiene en los 8.000 euros anteriores”, recalca Mollinedo.
Sin embargo, tanto Inverco como Unespa y CEM precisan que esta medida afectará negativamente al conjunto de los trabajadores, haciendo especial atención en los autónomos. Las organizaciones opinan que debe mejorarse y no perjudicarse de nuevo el tratamiento de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria, tal y como señalaron en un comunicado de prensa conjunto el pasado mes de octubre.
Luis Ferruz, Catedrático de la Universidad de Zaragoza, analista economista y escritor considera la medida financiero-fiscal sobre los Planes de Pensiones Individuales como “un ataque sin precedentes al ahorro-previsión”, pues señala que elimina de manera brusca casi la totalidad de los incentivos fiscales en este contexto, algo que desestimula el ahorro y la inversión. Además, el entendido destaca que, se pretende compensar con el impulso a planes de pensiones de empresa, pero explica que, lo más probable es que sólo queden favorecidas algunas grandes empresas que puedan permitírselo, tanto del sector público como del privado. “Los autónomos quedan también como grandes ignorados y perjudicados”, indica a su vez.
Así, parece que el mismo tablero de juego se divide en diversas opiniones o formas de entender cómo debería tributarse a la hora de ahorrar y disfrutar de la pensión.
Desde la Asociación De Instituciones De Inversión Colectiva Y Fondos De Pensiones (Inverco) indican que aunque la razón con la que se justificó la rebaja del incentivo fiscal en los Planes de Pensiones individuales fue el traslado de dicho incentivo a los Planes de empleo, la realidad un año después es que éstos últimos siguen sin materializarse.
“Lo razonable hubiera sido plantearse si ese traslado es necesario una vez que existan estímulos a los Planes de empleo, y en cualquier caso vinculado a la acumulación de un importe razonable en los Fondos de Pensiones de Empleo, y no sin dar alternativa. Y por una razón lógica: es necesario que el ahorrador disponga en todo momento de algún instrumento para canalizar su ahorro para la jubilación”, comentan desde Inverco para adjuntar: “La consecuencia directa de la reforma fiscal ha sido una reducción del volumen de aportaciones a Planes de Pensiones individuales. En concreto, en lo que va de año hasta septiembre 2021, esta rebaja era del 22% respecto a las registradas durante el mismo período del año anterior. Dado que el último trimestre concentra una gran parte de las aportaciones del año, ese porcentaje se va a incrementar, estimamos hasta un 35% de reducción de aportaciones para el conjunto del año”.
Ferruz, que también indica que la nueva normativa supone una gran pérdida para el sector e insiste: “Tal y como yo venía indicando desde el año 2020, la retirada muy fuerte y no gradual, sin compensar de manera efectiva con otras alternativas, supone que el retroceso del sector ha sido colosal. A partir de octubre, en la recta final del año se acelera comercialmente la campaña para captar aportaciones a los planes de pensiones individuales y este año va a ser muy floja, de momento en los ocho primeros meses la caída ha sido de un 80 por 100 en cómputo interanual y al final del año aún podría ser mayor”.
Y es que tal y como señalan desde Inverco, la drástica rebaja, de nada menos que un 75%, en el límite máximo de aportación ya supone un desincentivo a la contratación de Planes Individuales y, según consideran “resulta difícil de entender teniendo en cuenta que los Planes individuales son muy valorados por los ahorradores y constituyen una herramienta imprescindible para el ahorro para la jubilación para colectivos muy numerosos en España, cuyo acceso a Planes de empresa es complicado dada su situación laboral”.
Razón de ello es que los trabajadores a tiempo parcial o con contratos temporales o autónomos suponen el 57% de la fuerza laboral en España, por lo que seis de cada diez de los trabajadores tendrían un acceso difícil o imposible a un Plan de Pensiones de empleo. “No olvidemos a las PYMES, las grandes generadoras de empleo en España, y en las que sus trabajadores apenas tienen cobertura con Planes de Pensiones de empleo: la posibilidad de que este tipo de empresas aportara directamente a Planes individuales para sus empleados solventaría la cuestión de la previsión social complementaria de estas empresas”, insisten.
No es ningún secreto que, pese a los distintos planteamientos, el sistema de pensiones públicos en el momento actual se presenta dudoso para las próximas generaciones, razón por la cual se han producido las últimas novedades en materia de fiscalidad con el acuerdo entre ejecutivo y sindicatos de elevar la cotización a la Seguridad Social en un 0,6%.
Y es que el principal reto que se señala es la longevidad creciente o el aumento de la esperanza de vida que se ha conseguido en nuestro país con la mejora de las condiciones, algo que, paradójicamente y según Inverco, afecta al mantenimiento del actual nivel de prestaciones especialmente en España en que existe una elevada generosidad del sistema público de pensiones.
“Este hecho, unido a la evolución demográfica en España, con un envejecimiento de la población, que hará que se incremente de forma muy acusada el número de jubilados (de 9.5 millones actuales a 15 millones), mientras que el número de aportantes a la Seguridad Social se va a reducir (salvo que se compense con 200-300 mil inmigrantes anuales), va a generar una importante presión en las cuentas públicas, que difícilmente van a poder mantener el nivel de prestación pública actual”, precisan desde la Asociación.
Desde Inverco, Unespa y CEM recalcan por tanto que esta nueva reducción del límite anual de aportación a sistemas de previsión social individuales a los 1.500 euros “va a tener efectos indeseados, como ya se está observando con la que fue aprobada el pasado año”.
Para Luis Ferruz, actualmente existe un gran debate en lo que respecta al actual sistema de pensiones públicos y quedan pendientes diversas reformas del sistema, como la “transformación” del factor de sostenibilidad de la anterior reforma de 2013, en otro factor de equidad intergeneracional para conseguir los necesarios equilibrios financieros.
“También es necesario analizar y remodelar las fuentes de financiación, así como tener en cuenta que las prestaciones no contributitvas deben ser financiadas más ortodoxamente vía Presupuestos General del Estado. De momento podríamos decir que las pensiones públicas están aseguradas en el contexto general del Sistema de Seguridad Social, pero que a medio y corto plazo la viabilidad financiera es complicada por las tendencias demográficas y la situación del mercado de trabajo”, concreta el experto.
Inverco, Unespa y CEM hacen referencia al entorno internacional para justificar su contrariedad a la reforma: “En prácticamente todos los países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos fiscales adicionales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales como individuales. La reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos”, recalcan y añaden también que “desde el punto de vista de la Hacienda Pública, la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación” o lo que es lo mismo, algo que en sí no genera beneficios.
“La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones. Por lo tanto, toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo”, insisten las tres asociaciones en su comunicado.
Ferruz hace hincapié en que la motivación fiscal es ya prácticamente inexistente en estos vehículos de ahorro de los planes de pensiones individuales debido a la escasa deducibilidad fiscal que permanece casi testimonialmente, algo que indica, era el principal atractivo de esta alternativa de ahorro-previsión tal. “Si a eso acompañamos la en general falta de liquidez de los planes de pensiones es un instrumento financiero en total regresión, con poco atractivo financiero y financiero-fiscal en estos momentos”, recalca el Catedrático de la Universidad de Zaragoza.
A la hora de fijarnos en ejemplos de otros países, Luis Ferruz señala que convendría analizar en profundidad otros modelos de pensiones públicas como los de los países nórdicos, sobre todo Suecia, pero también de Austria, Irlanda, Alemania, Francia e Inglaterra.
Opinión muy diferente sin embargo es la que mantienen desde Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que ha defendido la limitación a las ventajas fiscales alegando como principal objetivo la equidad entre la población.
José María Mollinedo, de Gestha, aunque reconoce que con la nueva decisión tomada en los PG de 2021 y los que llegarán en 2022 se desincentiva la inversión de los planes de pensiones privadas, explica que con las estadísticas del año 2019 encima de la mesa, se puede ver cómo hasta el 2020 han sido las altas rentas las beneficiadas de las ventajas fiscales que proponían estos vehículos de ahorro.
La medida del ejecutivo, según señala el entendido, “beneficia a las arcas públicas” y añade: “Al reducir las aportaciones, lo que obtenemos es un impacto positivo de las cuentas públicas porque el beneficio fiscal disminuye. Si en 2021 estábamos hablando de 926,7 millones de euros como coste fiscal de esas aportaciones, solamente en la parte estatal del IRPF, en 2022 va a pasar a 842 millones 180.000 euros”.
Y es que tal y como indica, en lo que son las aportaciones del régimen general, este se concentra básicamente en las personas que tienen más capacidad de renta. “Si vemos la estadística de los declarantes de 2019, el importe total con derecho a deducir la base imponible con aportaciones y con deducciones a estos sistemas de pensión social, siempre hablando del régimen general, el importe medio que está utilizando las personas que ingresan hasta 30.000 euros de renta es el 85% de los declarantes y la aportación a los planes no llega a 1.000 euros”, insiste y añade: “Por lo tanto, el reducir la aportación del plan primero a los 2.000 y ahora a los 1.500, va a tener un impacto que no se va a notar las personas que ingresa”.
Tal y como indican los números, el 76% de los declarantes, ingresan menos de 30.000 euros brutos anuales y los que hacen aportaciones a los planes de pensiones de menos de 30.000 son el 48%. Estos acumulan el 26% del importe total de las aportaciones. “La estadística demuestra que son las personas de mas ingresos las que se han estado beneficiando de esa reducción fiscal porque la participación de las personas en los planes de pensiones aumenta significativamente conforme esa persona va declarando y además, el importe que declara es cada vez mayor”, aclara.
Y ejemplifica con la estadística del 2019, cuando el límite de aportación todavía estaba en los 8.000 euros: “En los distintos tramos de renta, hasta 12.000 euros solamente el 7,5% de los que declaran tienen un plan de pensiones, pues quien tiene pocos ingresos tiene poca capacidad de ahorro. Con estadística del año 2019, donde aun estaba la aportación en los 8.000 euros, A los 30.000 euros, ya sube al 12,4%, sin embargo, en el siguiente tramo de renta, esto va aumentando. Las personas en el tramos de renta de 30.000 a 60.000 que aporta a los planes de pensiones ya es del 26%. Entre los 60.000 y los 150.000 euros, son el 49%. De 150.000 a 600.000 euros de ingresos, ya es el 53,6%.
“No solo es que cuanto más baja es la renta de la persona menos capacidad de ahorro tiene y no puedes agotar los 8.000 euros, sino que hasta los 30.000 euros brutos anuales euros la media de la aportación era de 1.188 euros, pero es que del tramo de renta 30.000 a 60.000 euros, la aportación media de esas personas que ingresas en los PPI, es de 1.911 euros. Ya el de 60.000 a 150.000 ya sí llega a este límite, a unos 3.920 euros de media anuales de aportaciones”, informa el técnico de Gestha.
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