En el segundo análisis sobre el fin de la crisis griega que amenazó con romper el euro, Dirigentes explica la hoja de ruta diseñada por el gobierno del primer ministro Alexis Tsipras y pactada con las instituciones europeas, los acreedores que todavía en 2018 sostienen a Grecia. En el horizonte, las elecciones parlamentarias en otoño del próximo año.

El rumbo de Atenas es mantener un crecimiento del 2% o superior hasta el 2022, ritmo que acompañado del dinero comunitario ofrecerá suficiente margen presupuestario para reducir la presión fiscal a la población y a sectores concretos, además de aumentar el gasto social. Hasta ese año el superávit primario del país debe ser del 3,5%, según el pacto con los socios europeos. Sin una cifra concreta para los ejercicios posteriores, en Bruselas confían que Grecia no dé marcha atrás e incurra en errores pasados, como el excesivo endeudamiento.

Salario mínimo y negociación colectiva, la agenda social

El gobierno Tsipras presumirá a partir de agosto ante los griegos del fin del rescate europeo y de los grandes números macro que confirman un crecimiento superior al 2% para este año. En paralelo, está dispuesto a pisar el acelerador de las políticas sociales y laborales para mostrar los beneficios de aplicar un memorándum de austeridad.

“La subida del salario mínimo es una política que vamos a implementar tras salir del programa. No es algo que hayamos negociado de manera extensa con las instituciones, ya que será en el periodo posterior [al fin del programa de asistencia financiera]. Para nosotros es una política clave”. Quien avanza en Bruselas uno de los pilares de la agenda económica griega es la joven Ministra de Empleo, Effie Achtsioglou, sin concretar la mejora pero reconociendo que será “un aumento cuidadoso”. Bruselas espera una legislación al respeto para 2019.

Desde el ejecutivo griego lamentan la pérdida de capital humano durante los años de crisis, especialmente de jóvenes formados, que estudios no oficiales cifran en 180.000 universitarios emigrados. Con un desempleo juvenil que afecta al 45% de los menores de 25 años y salarios medios de 700 euros al mes, la Ministra Achtsioglou reconoce “que los salarios son extremadamente bajos y ese es quizás el factor más importante de por qué los más jóvenes y mejor preparados abandonaron el país”.

Igual que en España, Grecia está disfrutando de una importante reducción del desempleo y los parados son menos de un millón, un hito psicológico. Sin embargo, la mejoría del mercado laboral está asociada a los contratos a tiempo parcial, a la temporalidad y depende de servicios como la hostelería o el turismo.

En Bruselas, George Zavvos, asesor para asuntos europeos de Nueva Democracia, principal partido de la oposición y al que las encuestas sitúan hasta 15 puntos por delante de Syriza en intención de voto, insiste en un encuentro con un grupo de medios al que ha sido invitado Dirigentes, que el PIB de Grecia “todavía no se ha recuperado y que la narrativa actual del gobierno sobre la salida de la crisis es totalmente incorrecta”. Los datos desmontarían esta acusación, según la Ministra, ya que siete de cada 10 nuevos contratos serían a tiempo completo.

La otra pata de esta agenda social para cauterizar heridas de la crisis es la reinstauración de la negociación colectiva, eliminada en las reformas exigidas durante los rescates económicas del país. “Lo vamos a hacer para permitir la recuperación de los salarios del sector privado”, explica Achtsioglou, quien ya tiene desde hace meses el permiso de Europa para aplicar la medida, al estar todavía bajo el parámetro del rescate actual. Y en paralelo baraja introducir también en 2019 una exención fiscal para las empresas que conviertan empleos temporales en larga duración, medida todavía por concretar.

Los retos financieros de un país endeudado

Un sistema bancario cogido con alfileres es otro de los legados de la crisis. Aunque relajados, los controles de capital impuestos en 2015 cuando Grecia estuvo a punto de abandonar el euro todavía existen y los ciudadanos sólo pueden retirar hasta 2.300 euros mensuales. Todavía no hay fecha para su retirada total.

La elevada morosidad es otro gran problema bancario, en torno al 40% del total de los préstamos, un agujero que frena la llegada de crédito a las empresas. Desde la Comisión Europea creen que su limpieza durará entre 5 y 10 años, un plazo que el Viceministro de Economía y Desarrollo, Alexis Charitsis, prefiere no concretar. En los últimos meses la legislación para vender a inversores esos créditos se ha ido completando. “Los bancos tienen objetivos ambiciosos en 2018 y 2019 para desprenderse de ellos y lo que nos dicen es que van cumpliendo bien”, dice Charitsis.

En paralelo a esta consolidación bancaria y a la agenda social, Grecia tendrá que desembolsar durante la próxima década cerca de un 7% de su PIB para pagar su deuda, en un país que tras perder un 25% de su economía por las sucesivas recesiones y pese a encadenar dos años consecutivos de crecimiento todavía no ha recuperado sus niveles precrisis. Desde Nueva Democracia, George Zavvos avanza que si llegan al poder mantendrán la agenda reformista para mostrar su compromiso con Bruselas pero que intentarán “negociar un objetivo de superávit primario inferior al 3,5% que permita un crecimiento creíble”, una opción que las fuentes comunitarias consultadas rechazan.

La vigilancia reforzada de Europa

En Bruselas existe el miedo a que, tras ocho años de tutela europea, el sector público heleno haya olvidado los tiempos y procedimientos para aplicar sus propias políticas económicas. Tampoco está claro si la administración resistirá las presiones internas de oligarcas, grupos económicos o formaciones políticas para revertir las reformas o si el cuerpo funcionarial está preparado para un futuro ‘autónomo’, en parte por la pérdida de capital humano fruto de la emigración económica y los casi 300.000 funcionarios recortados durante la la crisis.

Desde que Grecia estrenó los rescates europeos, todo ha sido excepcional o aplicado por primera vez en ese país durante los últimos años. Y a partir del 21 de agosto, la ‘vanguardia’ en cuanto a la aplicación de políticas comunitarias se refiere no abandonará las tierras bañadas por el Mar Egeo.

Grecia estrenará una enhanced surveillance o vigilancia reforzada, contemplada en las normas de la UE pero nunca utilizada. A cambio de recibir miles de millones de euros este verano y durante los próximos cuatro años, habrá misiones trimestrales de la Comisión, el BCE y el MEDE, los hombres de negro de la troika, a Atenas para ir comprobando la aplicación de las reformas y la evolución de sus cuentas públicas. Dos veces más que a España o Portugal, países que también vivieron sus particulares rescates.

El periodo de vigilancia reforzada de Grecia durará varios años y deja la puerta abierta a que desde la UE se exija la aplicación de medidas políticas. “Alguien tiene que supervisar el futuro, cuestiones como el cumplimiento del superávit primario o la evolución de la deuda”, aclara Olivier Bailly, jefe de gabinete del Comisario de Economía, Pierre Moscovici. En todo caso, la enhance surveillance no tendrá un calendario de reformas ni será un nuevo programa de rescate. A pocas millas de terminar la odisea de ocho años de intervención, Atenas pone nuevo rumbo.