Palma es el lugar que simboliza el impacto de la pandemia de coronavirus en España. El turismo representa una parte fundamental de la economía de las Islas Baleares, que fueron visitadas por más de 13 millones de turistas extranjeros en 2019. Este año, el archipiélago vive una situación bien diferente, a pesar de que en […]
NacionalDirigentes Digital
| 03 sep 2020
Palma es el lugar que simboliza el impacto de la pandemia de coronavirus en España. El turismo representa una parte fundamental de la economía de las Islas Baleares, que fueron visitadas por más de 13 millones de turistas extranjeros en 2019.
Este año, el archipiélago vive una situación bien diferente, a pesar de que en julio recibió el 23,9% de los turistas que llegaron a España. No obstante, las cifras absolutas son muy inferiores, ya que este año apenas han visitado nuestro país 10,5 millones de personas, frente a los 48 millones del año pasado.
Esto significa que los empresarios, en particular el sector turístico, reclaman medidas para paliar la grave situación que viven. En su capital, Palma, se reunieron los negociadores de primer nivel del Ministerio de Trabajo, de la patronal y de los sindicatos.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, junto a José Luis Escrivá, su homólogo de Seguridad Social, Antonio Garamendi, presidente de CEOE, y los líderes sindicales tienen ante sí el reto de extender los ERTE, una herramienta que facilita la flexibilidad de las empresas. Además, pretenden dejar lista una nueva regulación para el teletrabajo. Por último, tratarán la reducción de la prestación que reciben los beneficiarios de ERTE en el séptimo mes.
La ministra de Trabajo expresó el pasado jueves su optimismo ante la prensa. Encara la negociación con los agentes sociales “sin duda” de que se extenderán los ERTE, aunque evita poner un plazo. Desde su punto de vista, y tal y como expresó esta semana la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se debe atender a qué sectores debe echarse una mano, de modo que se evite el fraude y puedan utilizarse los recursos para las empresas que más lo necesitan.
Hasta ahora, la utilización de este mecanismo ha consumido 9.358 millones de euros de las arcas públicas, si bien en julio alcanzó su nivel más bajo, con 1.266 millones de euros para 1,9 millones de beneficiarios. Calviño respondió en rueda de prensa a este medio que se debe “analizar cuáles son los sectores en los que se da una mayor dificultad para reactivar la actividad económica”, algo que no convence a los empresarios.
El convencimiento de Díaz de que se conseguirá un acuerdo este viernes contrasta con las dudas de Garamendi. El representante de la patronal pone junio de 2021 como fecha mínima para prorrogar los ERTE, porque no espera que la situación mejore antes. No obstante, es partidario de ayudar a las empresas que estén cerradas y no a las que sigan abiertas, de modo que su punto de vista es facilitar esta herramienta a quien lo necesite, más que fijarse en sectores concretos.
En un encuentro con la prensa este jueves, Garamendi criticó que el Gobierno tratara de imponer sus condiciones: “No sé si es una negociación o una claudicación”. En esa línea, expresó a una pregunta de este medio que “no hay que abandonar absolutamente a nadie”.
DIRIGENTES publicó en los últimos días de julio que el Ministerio de Trabajo tenía prisas por imponer una nueva legislación para el teletrabajo. En opinión de Díaz, lo que se ha hecho hasta ahora en la pandemia no se identifica con esa modalidad de trabajo, sino que se ha tomado como medida de emergencia. Es por ello que desde su Ministerio se trató de acelerar la negociación, si bien no se consiguió cerrarla antes de las vacaciones.
En parte, ese patinazo tuvo que ver con la presentación de un borrador que no había sido consensuado con los agentes sociales y que la CEOE rechazó con dureza. No obstante, la situación es distinta ahora y la ministra confía en que “la semana que viene esta norma va al Consejo de Ministros”, dijo expresamente a los medios.
Desde el organismo público se quiere aplicar la norma solo a la empresa privada, de modo que las administraciones públicas queden al margen. Este es uno de los motivos de desencuentro, según ha expresado Garamendi durante esta semana. La patronal prefiere que esta modalidad se negocie directamente entre empresa y trabajador. No obstante, la rotunda declaración de la ministra deja entrever que la norma está avanzada, mientras que la patronal sigue mostrando sus recelos.
Otro de los temas pendientes en esta negociación tiene que ver con la reducción de las prestaciones a los beneficiarios de ERTEs. Las normas actuales estipulan que los trabajadores que lleven dentro de uno de estos mecanismos desde marzo no recibirán una prestación del 70% de su sueldo como hasta ahora, sino que a partir del siguiente mes percibirán el 50%.
Según comentó recientemente el Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey, “el Gobierno es plenamente consciente de esta situación, sabe de las reivindicaciones sindicales y de la sensibilidad de algunas comunidades autónomas y trabajaremos en esa línea”. Dicha afirmación ha sido ratificada por Díaz, quien deja en el tejado de los empresarios y los sindicatos esta cuestión. Según ha expresado, el acuerdo que suscriban entre ambos recibirá el visto bueno del Gobierno.
