La sombra de la incertidumbre pesa sobre los ERTE

El estado de alarma ha obligado a gran parte de la población a permanecer confinada en su casa y muchos sectores, como el turismo, la restauración o parte de la industria se han paralizado por completo de la noche a la mañana. La ‘congelación’ de estos motores económicos está provocando un aluvión de Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE).  

Decenas de compañías están recurriendo a este mecanismo legal como vía para evitar su quiebra definitiva y así salvaguardar su actividad empresarial. Seat o Renault son algunos ejemplos de empresas que se han acogido a esta medida. A esta lista, recientemente, se ha unido Euromaster. La compañía acaba de anunciar el inicio los trámites para solicitar un ERTE para el 70% de su plantilla y alegan desde la red de talleres que “esta vía es la única para garantizar los puestos de trabajo de sus empleados a largo plazo”. 

Hay que recordar que, entre las medidas impulsadas por el Gobierno como apoyo para las empresas, está la flexibilización de los ERTE. En relación a esta figura legal, Pedro Sánchez anunció que se eximirá del pago de cotizaciones a las empresas que lo hagan (en lugar de aplazar dicho pago de forma generalizada) y se considerarán realizados por fuerza mayor. Los trabajadores afectados tendrán derecho a la prestación por desempleo, aunque no hayan cumplido el periodo de cotización de 360 días que se pide y añade que no se considerará como consumido el tiempo que extienda la percepción de esta suma.

A este respecto, Robert Gutiérrez de Lefebvre explica a DIRIGENTES que la “cuantía del paro es del 70% de la base reguladora, que es el promedio de las bases de cotización de los 180 días anteriores”. Añade que el subsidio por desempleo tiene un tope máximo que depende de si el trabajador tiene hijos o no. “Para una persona sin hijos, el máximo es de 1.098 euros, entonces, aquellos que tengan salarios más elevados, aunque se queden en paro, solo van a cobrar 1.098 euros, con lo cual, sí se van a ver afectados económicamente”.

Aquellas organizaciones que apelen a estos expedientes de regulación temporal, tendrán la posibilidad de, o bien, suspender los contratos, o reducir las jornadas laborales de manera eventual. El artículo 47 del Estatuto de Trabajadores recoge que “el empresario podrá suspender el contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”. A ello se une la posibilidad de suspensión por fuerza mayor. En este último caso, por ejemplo un empresario puede alegar como causa el brote de coronavirus, así como el estado de alarma. 

En lo que respecta a los autónomos, según el decreto ley publicado por el Ejecutivo también, “podrán acceder a la prestación por cese de actividad sin cumplir los requisitos, es decir, el paro de los autónomos“. También una exoneración de cuotas para las empresas que tramiten el ERTE por fuerza mayor. En estos casos, el Gobierno ha hecho que aplicando esto no paguen Seguridad Social durante el expediente de regulación temporal. Dicha exención depende de si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, en cuyo caso es del 100%, pero si tiene 50 o más, es del 75%.

El procedimiento para iniciar un ERTE se inicia con una solicitud de la empresa acompañada de un informe que acredite esta situación. No obstante, es la autoridad laboral quien constata la existencia de fuerza mayor. Una vez que haya comunicado o solicitado esta constatación, la autoridad laboral dispone de un plazo de cinco días para dictar resolución.

“Además, la autoridad laboral también pedirá un informe de inspección de trabajo que esta deberá emitir en un plazo de cinco días, para confirmar esta circunstancia. A partir de ahí, en caso afirmativo, el ERTE podrá surtir efecto desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor y lo hará con efecto retroactivo, es decir, desde el 14 de marzo, que fue cuando se decretó el estado de alarma”, describe Gutiérrez. 

El goteo de empresas que están optando por esta vía no cesa. Las dudas y la incertidumbre se cuelan en este escenario en el que la pregunta que está en el aire es si todas las organizaciones están en situaciones excepcionales. Bien es cierto que en los comercios y establecimientos no se cuestiona, pero en el resto “es una de las dudas o problemas que plantean los sindicatos”. “Ahora va a haber un aluvión de ERTEs, muchísimas empresas, por no decirte todas, van a presentar uno y puede haber problema de que lo presenten aquellas que no tengan causa de fuerza mayor”, agrega. A este respecto, indica que habrá que esperar para ver cómo va a actuar la autoridad laboral y ver cómo va a filtrar y en qué casos aceptará ERTEs y en cuáles no. 

No hay que olvidar que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha manifestado expresamente que facilitar el teletrabajo es prioritario, siempre que así sea posible, frente a cualquier otra medida. 

En general, todo esto ha supuesto un jarro de agua fría para los trabajadores, que dejan de percibir el salario correspondiente por el tiempo no trabajado. Es por ello que a nivel práctico, estas medidas pueden paliar los efectos negativos en la actividad empresarial, pero “también tienen un efecto negativo en el tejido social que, si se alargara en el tiempo, sería necesario contemplar, pues el poder adquisitivo de los ciudadanos se ve afectado”, señala Carlos Pavón Neira, de Gaula Abogados. Bien es cierto que los empleados afectados cobrarán la prestación correspondiente por desempleo o una cuantía proporcional por una jornada reducida, pero en cualquier caso, los ingresos de una parte de la población descenderán.