El primer tramo de la línea de créditos ICO ha sido aprobado por el Ejecutivo a principios de esta semana. Se pretende así hacer frente al impacto provocado por la guerra ucraniana en la actividad de pequeñas, medianas empresas y autónomos. Una línea de financiación de cinco mil millones de euros aprobada para esta primera […]
AutónomosDirigentes Digital
| 11 may 2022
El primer tramo de la línea de créditos ICO ha sido aprobado por el Ejecutivo a principios de esta semana. Se pretende así hacer frente al impacto provocado por la guerra ucraniana en la actividad de pequeñas, medianas empresas y autónomos. Una línea de financiación de cinco mil millones de euros aprobada para esta primera línea de avales, de un total de diez mil millones de euros que el Gobierno tiene garantizado para impulsar la liquidez de un alto porcentaje del tejido empresarial español.
El aumento de los costes de las materias primas o la energía, son dos de las más que conocidos efectos directos de la invasión rusa que está haciendo mella en gran parte de las pequeñas y medianas empresas, además de los trabajadores por cuenta propia. Estos dispondrán de 400.000 euros para los importes avalados, contando con diez años de plazo de financiación y una garantía de hasta el 80% del importe acreditado que recae sobre el aval.
Para aquellos préstamos superiores a los 400.000 euros, los créditos públicos garantizan el 80% de financiación para pymes y autónomos, siendo para el resto de las empresas hasta un 70%, con ocho años de plazo de amortización.
Además, independientemente de la condición social de la empresa que solicite el crédito ICO y la garantían que requieran, el Consejo de Ministros tiene aprobado que cualquier empresa estará dotada de una primera carencia de un año.
Similar a la medida tomada por el Gobierno con la aprobación de los ICO-Covid en la que más de 700.000 pymes y autónomos se acogieron a los créditos. Se financiaron 140.000 millones de euros para hacer frente al impacto socioeconómico provocado por la pandemia a aquellos sectores especialmente afectados como el del transporte, el comercio o el textil. Andalucía, Cataluña o la Comunidad de Madrid fueron algunos de los territorios que más se acogieron al programa.
En la rueda de prensa que tuvo lugar tras ser aprobada la línea de crédito público, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, afirmó que a raíz de los buenos resultados de los créditos anti covid, el Ejecutivo había decidido impulsar de nuevo esta medida para estar junto a los empresarios en otro momento especialmente complicado.
Pequeñas y medianas empresas, junto con los autónomos, son los que mayores consecuencias pagan en todos los momentos de crisis. Bien sea la pandemia, las huelgas de transporte, los fallos en la cadena de suministro o, más recientemente, la guerra de Ucrania junto con el bloqueo portuario de China, ese representativo conjunto de la empresa española es el gran perjudicado en todo momento.
Resulta innegable que miles de pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia se han beneficiado de la financiación externa y así poder evitar los consecuentes ceses de su actividad. Pero cierto resulta también que, a pesar de esa bocanada de aire que se les pretende dar a través de las líneas de crédito pública, puede resultar perjudicial para el sector al impactar contra la crisis y seguir acrecentado el problema.
Si la banca no se preocupa ante los impagos por parte de pymes y autónomos al solicitar este tipo de créditos, impactará de forma negativa en el déficit general de la economía al estar avalados públicamente. Una situación que resultaría prácticamente insostenible debido al momento de inflación e incertidumbre en la que el país se encuentra, en donde las previsiones del FMI no resultan alentadoras.
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