A partir del próximo 28 de febrero, el Gobierno restará al sector de los autónomos una ayuda menos para poder asumir sus gastos. El bono social eléctrico desaparecerá, suprimiendo así una reducción del 60% en la factura de la luz a uno de los gremios que más gastos asumen. Pero no solo los trabajadores por […]
AutónomosDirigentes Digital
| 21 feb 2022
A partir del próximo 28 de febrero, el Gobierno restará al sector de los autónomos una ayuda menos para poder asumir sus gastos. El bono social eléctrico desaparecerá, suprimiendo así una reducción del 60% en la factura de la luz a uno de los gremios que más gastos asumen. Pero no solo los trabajadores por cuenta propia se quedan sin otra de las ayudas que les permitía continuar con su actividad, sino también pensionistas o unidades familiares con ingresos insuficientes para hacer frente a una necesidad tal como la luz.
Fue antes de la aparición de la Covid-19 cuando el Ejecutivo puso a disposición de aquellos consumidores más vulnerables un bono social para que pudieran contar con una ayuda en sus facturas eléctricas. Cuando la crisis sanitaria ya fue una realidad, se amplío a trabajadores en ERTE, pero también a autónomos cuyos ingresos no hubieran superado el 75% de media frente al semestre anterior a haber solicitado dicha prestación o que, se hubieran visto obligados a cerrar su negocio.
El 1 de marzo, esta reducción del 25% en la factura de la luz para autónomos o personas que se hubiera visto afectadas por la pandemia, dejará de existir. Una situación que dejará a un alto porcentaje de la población en situaciones delicadas, al frente de una realidad, a veces, inasumible.
Desde finales de febrero de este 2022, esta prestación social dejará de existir. Como consideración, podrán solicitar esta ayuda aquellos sectores vulnerables (severos o no), dependiendo del estado de debilidad en el que se encuentren, con un descuento del 25% o el 40%.
El interesado deberá presentar para ello, antes de 28 de febrero, fecha límite, un documento que acredite el cese de su actividad laboral o la disminución de su facturación como autónomo. Eso sí, el suministro de la luz deberá estar a nombre de la persona física que quiera acceder a la prestación del bono social, muy a tener en cuenta en caso de que este perteneciera a una sociedad limitada o personalidad jurídica.
Además, es imprescindible que sea una comercializadora regulada la que esté contratada por el suministro para que la tarifa eléctrica a la que está sujeta, sea una PVPC, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Esto es debido a que estas compañías de luz no compiten entre sí en lo referente a sus precios y son las únicas reguladas por el Gobierno. En total son ocho las que cuentan con los mismos costes y configuración: Energía Ceuta, Baser COR, Teramelcor, Energía XXI, Resgsiti, Curenergía, CHC COR y Gas & Power.
En el caso de aquellas unidades familiares que quieran acceder a la prestación social antes de que expire, deberán cumplir una serie de requisitos estipulados por el IPREM. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples es el baremo encargado de mediar en ayudas públicas y sociales como este bono a la electricidad que, en este caso, valorará si la unidad familiar cuenta o no con menores a cargo, y si a cuánto ascienden sus ingresos.
Parece que la normalidad va llegando paulatinamente al día a día, también en cuanto a ayudas sociales se refiere. Febrero se presenta como el principio del fin de unas prestaciones que servía de margen a uno de los gremios laborales más afectados no solo por la pandemia, sino por cualquier medida económica que el Gobierno modifica.
Junto con la ampliación de los ERTE extraordinarios, el bono social de la luz llega a su fin poniendo a los trabajadores por cuenta propia, de nuevo en una situación preocupante para el sector. La reciente propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentaba este mismo mes una nueva propuesta sobre las cotizaciones de autónomos que se sumaba a esta situación extrema. Medidas que, gota a gota, ponen en peligro la continuidad de miles de negocios en España, haciendo que los autónomos se consoliden como un colectivo vulnerable.
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