Según Transparencia Internacional, España no ha mejorado en su intento de luchar contra la corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, que mide los niveles de percepción de la corrupción en el sector público en 180 países y territorios de todo el mundo, España ha bajado un punto respecto a la edición anterior en 2020. El país también empeora su posición en el ranking mundial, pasando del puesto 32 al 34 de 180 posibles.

“En España se habla mucho de corrupción, pero desde la gran crisis de 2008, poco ha cambiado la legislación y la forma de operar en el sector público y en las empresas”, opina Felipe García, abogado del despacho Circulo Legal Madrid que forma parte de “Inlaw Alliance”, una alianza de despachos de Iberoamérica donde la corrupción todavía está mucho más presente que en España. García recomienda a cada empresa de cierto tamaño que tenga un “Plan de Prevención y Detección del Fraude, la Corrupción y los Conflictos de Interés”.

Para garantizar esto, en la práctica, las compañías deberán tener un programa de compliance para facilitar el proceso. Falta mucho por hacer en España. Transparency International considera que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener competitividad y garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.

También desde Bruselas quedan dudas con respeto a una justicia independente y un Tribunal de Cuentas eficaz, lo que explica en gran parte la lentitud en los pagos de los fondos de Next Generation. “La Comisión quiere asegurarse que esta vez no se despilfarra ni un céntimo,” dice una fuente española familiar con el proceso. 

Felipe García critica que por el momento España solamente ha mejorado un poco, pero que “en el sector público y en determinadas empresas, todavía hay mucho margen de mejora, es un problema de cultura. Falta mucho camino en el ámbito de la transparencia”. El abogado critica también que España todavía no protege de manera adecuada a sus whistleblowers, que muchas personas dentro de instituciones públicas o empresas en España que denuncian fraude e irregularidades sufren todavía importantes represalias.

“También la propia familia y esfera del denunciante sufre este tipo de represalias, es importante conferirles una protección integral. Este Gobierno ha prometido mejorar este aspecto, por el momento se queda en un texto de anteproyecto que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, pero queda el trámite parlamentario, el anteproyecto trae algunas lagunas importantes, pero es la primera piedra para construir una protección real para los alertadores”. 

Después de que la Directiva Whistleblower de la UE se adoptara en diciembre de 2019, tan solo diez países han cumplido con el plazo acordado de dos años para implementar y convertirla en ley nacional. Algunos de estos son Bulgaria, Francia, Dinamarca, Letonia, Lituania, Malta, Austria y Portugal. 

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