Quiere proyectarlo en el campo tributario, en foros globales como el G20 e instituciones internacionales como la OCDE, dada la dificultad para unir a sus Estados Miembros en ese campo. Bruselas batalla por los impuestos ante socios y rivales internacionales, más allá de su guerra comercial con Estados Unidos y China, porque la fiscalidad requiere de la unidad entre los países de la UE y hace años que no la consigue.

Reforma del impuesto de sociedades, introducción de la Tasa Tobin 2.0. y de la Google o lucha internacional contra los paraísos fiscales son medidas bloqueadas dentro de las instituciones comunitarias. La UE discute y trabaja en una amplia batería de reformas sobre estos tributos, pero es incapaz de sacarlas adelante por las discrepancias de sus Estados Miembros.

Bruselas quiere dotar de más recursos a las exangües haciendas públicas de muchos de sus Estado Miembros, al tiempo que combate la baja tributación de importantes industrias asentadas en sus territorios, como la bancaria o la nueva economía digital.

Un informe reciente del Comité de las Regiones de la UE cifra entre 50.000 y 70.000 millones de euros las pérdidas anuales que provocan las estrategias de evasión fiscal en las haciendas públicas comunitarias, cifras que se multiplican hasta por tres si se incluyesen los acuerdos fiscales particulares que las grandes multinacionales mantienen con países como Luxemburgo o Irlanda.

Christophe Rouillon, el ponente del informe para el Comité de las Regiones, afirma que “los Estados Miembros deberían entender que un enfoque conjunto europeo permite más ingresos tributarios y mayor justicia fiscal que los de todas las soberanías impositivas nacionales combinadas y los agujeros que este sistema conlleva”. Rouillon insiste que existe “un apoyo muy sustancial hacia una política fiscal de la UE más ambiciosa” y por eso pide eliminar el principio de unanimidad, porque “la tributación no debería convertirse en el vínculo más débil de la integración”.

La integración fiscal está bloqueada por las diferencias internas y los intereses nacionales, lo que lleva a la UE a plantear la reforma de esos tributos en foros internacionales como el G20 o instituciones globales como la OCDE, en la búsqueda de un consenso global que saque adelante una actualización de los códigos impositivos acorde a la economía del siglo XXI.

La conocida como tasa Google es un ejemplo del bloqueo político comunitario en materia fiscal. Diseñada por el Comisario europeo de Economía y Fiscalidad, Pierre Moscovici, como un impuesto del 3% aplicado a la publicidad online, las actividades de intermediación digital, como redes sociales o comercio electrónico, o a la monetización de la gestión de datos, las estimaciones de recaudación del equipo del francés son de 5.000 millones de euros.

Esta tasa digital lleva en discusión desde hace más de un año dentro del Eurogrupo, la reunión informal de los Ministros de Finanzas de la zona euro y, por extensión, en el Ecofin, el Consejo propiamente dicho con todos los países de la UE. Las largas negociaciones no han conseguido acabar con el importante rechazo entre varios socios comunitarios. Dentro del euro, Irlanda se opone a ella, fuera de la moneda única Suecia o Dinamarca también.

La Comisión y el Parlamento Europeo son dos de las voces que más empujan en su favor, aprovechando la iniciativa política sobre esta tasa lanzada por el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, y parte del gobierno alemán, el ala formada por el partido socialdemócrata. Países como España o Portugal se adhieren a ella y, de momento, poco más de una decena la contemplan.

La lucha en la OCDE

Además del interés nacional subyacente, como puede ser para Irlanda la presencia en su territorio de las sedes europeas de Google o Apple, los argumentos públicos de los socios europeos para bloquear la tasa digital es que perjudicaría el crecimiento de todo el sector de las nuevas empresas de tecnología, conocimiento, economía digital… en favor de otros países fuera de la UE.

Ahí es donde encaja el debate internacional en la OCDE. Es “una cuestión global, el trabajo en la UE no puede preceder las discusiones que se mantienen en la OCDE”, han dicho los suecos. El secretario general de la organización con sede en París, Ángel Gurría, ya ha confirmado que como muy pronto ese tributo no conseguirá pactarse dentro de la OCDE hasta 2020, que “sólo existen condiciones sobre unos principios”. Poner de acuerdo a más de 130 países es un trabajo titánico y todo pasa por convencer a Estados Unidos, labor en la que está embarcada Francia.

La Task Force para la economía digital de la OCDE señala claramente que este tributo “no debería depender de la presencia física en la jurisdicción del mercado/usuario” y estaría “basado principalmente en las ventas”, una línea similar a la planteada por Bruselas. Contempla también umbrales o límites “ajustados para asegurar que las jurisdicciones con economías más pequeñas también puedan beneficiarse”.

La propuesta de la OCDE no incluye de momento ningún tipo para este gravamen. Es un frente abierto donde los europeos luchan por conseguir una cifra idéntica o similar a la propuesta temporal de la Comisión. También lo hacen en una segunda guerra, la del impuesto de sociedades, en una reforma tributaria más amplia conocida como Plan de Acción BEPS, erosión de la base [imponible] y desplazamiento del beneficio, en sus siglas en inglés.

Bajos los auspicios de la UE, la OCDE sacó hace unos años estándares sobre fiscalidad para que todos los países graven los beneficios transferidos a jurisdicciones con baja tributación por parte de empresas que “no tengan una actividad económica genuina” en ella. Bruselas exige, sin éxito, a los Estados Miembros que empiecen a cumplir con estos mandatos, desincentivando el uso que las compañías hacen de los intereses pagados para reducir su factura fiscal.

Desde 2015 la Comisión Europea lucha por conseguir una armonización entre los Estados Miembros de los tipos impositivos a las empresas, debate que todavía no existe dentro de la OCDE, pese a las presiones europeas. Una de las últimas propuestas salía del Vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, pidiendo un tipo mínimo del 18%. Bruselas intenta que los socios comunitarios “aprovechen la oportunidad” de las discusiones y recomendaciones de la OCDE para “modernizar” sus códigos tributarios.

Pequeño triunfo contra las monedas virtuales

El último choque de la UE en la escena internacional con la realidad de la nueva economía viene provocado por la irrupción de las criptomonedas. La pretensión de Facebook de lanzar su divisa Libra aprovechando los millones de usuarios que tiene en el viejo continente es un desafío al euro. El BCE ha salido en tromba rechazando su creación y Francia pide que el G20, el foro de las grandes economías mundiales desde las potencias occidentales hasta las emergentes, discuta estos activos virtuales y los ate en corto. Es una amenaza para “la soberanía monetaria de los Estados”, ataca el ministro de Finanzas galo, Bruno Le Maire. París y el BCE han unido fuerzas con el Financial Stability Board, organismo internacional que reúne al sector financiero y a los bancos centrales. Su presidente es el norteamericano Randal Quarles, vicepresidente además de la Reserva Federal, quien cree que “la introducción de las stablecoins (monedas virtuales) globales podría acarrear importantes desafíos a los reguladores”.

“Desafíos en materia de estabilidad financiera, de protección a los consumidores y a los inversores, de confidencialidad y protección de datos, de integridad financiera y fraude fiscal”, enumera Randal, quien recientemente visitó Bruselas y mantuvo una serie de encuentros con la Federación Bancaria Europea y ex dirigentes del BCE. Argumentos que suenan bien en los oídos europeos.

Si la UE naufraga en su armonización tributaria y pese a llevarla ante los principales foros internacionales globales luego no la traslada a sus Estados Miembros, al menos sí consigue aunar posiciones con socios como los Estados Unidos en su defensa de la divisas, todavía una de las principales políticas soberanas de los países.