Tras varios meses de análisis sobre la posibilidad de implantar un registro de jornada, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido materializarla. A través del Real Decreto Ley de medidas urgentes de Protección Social y lucha contra la precariedad laboral, el ejecutivo ha puesto en marcha esta medida que entrará en vigor el próximo 12 de mayo, justo dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A partir de esa fecha las empresas estarán obligadas a apuntar las horas de inicio y finalización de la jornada laboral de cada trabajador sin que ello afecte a la flexibilidad horaria. Además, esos documentos deberán ser conservados durante cuatro años y ser accesibles tanto para los trabajadores como para sus representantes legales e Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2018, un 50% de los asalariados declararon tener jornadas semanales superiores a las 40 horas. De ahí que más de una tercera parte del total de las denuncias realizadas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de relaciones laborales, se referían al tiempo de trabajo. "La introducción del registro de jornada debe contribuir a corregir la situación de precariedad, bajos salarios y pobreza que afecta a muchos de los trabajadores que sufren los abusos en su jornada laboral", añaden en el BOE.

Así, el citado documento recoge que la organización de este registro de jornada deberá llevarse a cabo a través de la negociación colectiva, mediante un acuerdo que alcance la empresa o bien que sea el propio empresario quién decida siempre y cuando lo consulte previamente con los representantes legales de los trabajadores. Con el objetivo de obligar a su cumplimiento se ha llevado a cabo modificaciones en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que tipifiquen como tal aquellas que deriven de incumplimientos relacionados con el registro de jornada.

Un cambio que ha generado animadversión en UGT. Si bien desde el sindicato, en general, ven favorable esta medida, consideran que no incluye las herramientas necesarias para llevar a cabo un control efectivo. En su opinión, el RDL no contempla la obligación de entregar al trabajador un resumen escrito de dicho registro en períodos no superiores al mes, lo que obliga a que sea el trabajador quién tenga que solicitarla. Además, el hecho de que el registro de jornada recaiga sobre la negociación colectiva, hará que acabe siendo el empresario quién decida en algunos casos.

Sin embargo, el sindicato encabezado por Pepe Álvarez asegura que la peor parte viene de los cambios efectuados en la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social. "No se modifica la regulación sancionadora dirigida al incumplimiento de la normativa sobre horas extraordinarias, tiempo parcial o períodos de descanso, introduciendo la infracción por trabajador, que es lo que realmente desincentivaría el incumplimiento", añaden. A juicio de la organización, en la mayoría de ocasiones el empresario prefiere pagar la multa a cumplir la norma.

A pesar de las reacciones que ha desatado entre los diferentes agentes sociales, desde el Ejecutivo inciden en que esta iniciativa beneficiará, sobre todo, a aquellos trabajadores poco cualificados con salarios muy bajos. En concreto, los empleados procedentes de comercio y hostelería serán los más beneficiados de ello. Juntos representan más del 25% del total de las horas extraordinarias no pagadas.

La medida se produce semanas después de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Giovanni Pitruzella, determinara que las empresas españolas tendrían que implantar un sistema de control de la jornada laboral de los trabajadores.