En mayo de 2023, la Comisión Europea adoptó una nueva estrategia para las inversiones minoristas (RIS “retail investment strategy” por sus siglas en inglés). Uno de los objetivos principales de esta regulación es incentivar la participación de los inversores minoristas en los mercados de capitales. Según datos de Eurostat, sólo un 17% de los ahorros de los europeos estaba invertido en valores como acciones y bonos en 2021, una cifra mucho menor a la de EEUU, con el consecuente detrimento tanto para el desarrollo de los mercados financieros como para el crecimiento del ahorro a largo plazo.

La estrategia de inversión minorista, cuya regulación todavía está pendiente de enmiendas y sujeta a grandes interrogantes en temas relevantes para nuestra geografía, por ejemplo el tratamiento de las retrocesiones (incentivos pagados a los asesores por la ejecución de órdenes o comercialización de productos financieros), tiene como objetivo proteger al inversor mediante diferentes frentes de acción: combatir conflictos de interés en la distribución de productos, promover que el marketing sea claro y equitativo, incrementar la transparencia y comparabilidad de los costes, y en definitiva, mejorar la comunicación y el asesoramiento a este tipo de clientes.

Aunque es pronto para tener una opinión clara sobre cuál va a ser el impacto de la nueva normativa en las inversiones sostenibles, es decir, aquellas que tienen en cuenta los criterios ESG, podemos hacer una serie de consideraciones al respecto.

¿Cómo afecta la normativa a las inversiones ESG?

En primer lugar, recordar que la transición hacia una economía neutral en carbono va a requerir miles de millones de euros en inversión. Cumplir los objetivos del Pacto Verde de la UE implica una completa transformación de la economía, incluyendo el sector energético, la producción de alimentos, el sistema de transportes, y grandes partes del tejido industrial para promover la economía circular. De ahí la relevancia de canalizar fondos minoristas a los mercados de capitales y fomentar la inversión a largo plazo, en línea con el tipo de proyectos necesarios para la transición verde.

En segundo lugar, considerar las razones de fondo de la relativa baja disposición de los europeos a invertir en los mercados financieros. En comparación con otros mercados, posiblemente existan factores culturales que determinen una mayor aversión al riesgo, que también está influenciada por el nivel de educación financiera. Si eso es así para el caso de los productos financieros en general, se agrava todavía más en el caso de las inversiones sostenibles, dado su grado de novedad y nivel adicional de complejidad. Considerando que una de las posibles consecuencias de la regulación RIS va a ser la necesidad de demostrar que el asesoramiento añade valor al cliente, puede haber una oportunidad para el asesor si es capaz de dar un servicio de calidad al cliente en este tipo de productos.

De hecho, una gran parte de la regulación del plan de acción de finanzas sostenibles de la UE está diseñada con el fin de incrementar la claridad y transparencia en la gestión, divulgación y comercialización de los productos sostenibles. Sin embargo, convencer al cliente de invertir de forma sostenible va a ir más allá de cumplir con unas preguntas respecto de sus preferencias en el test de idoneidad. El cliente debe entender bien qué le ofrecen estos productos y cómo se adecuan a sus expectativas y preferencias.

Eso me lleva a la última reflexión. La necesidad de movilizar masivas cantidades de fondos para afrontar la transición hacia una economía sostenible posiblemente tendrá que pasar por convencer a los pequeños inversores a que muevan sus ahorros desde productos de bajo riesgo, i.e. depósitos, hacia inversiones más sofisticadas. En este sentido, la normativa RIS puede ser un paso en la buena dirección.

Sin embargo, tanto las razones culturales como el desconocimiento y dudas respecto de la rentabilidad de los productos sostenibles pueden hacer que el cambio de normativa no sea suficiente. Más allá de la regulación, estaría el seguir poniendo esfuerzos en mejorar la educación financiera tanto del público en general como de los asesores y profesionales del sector, así como la valentía de gobiernos e instituciones para introducir incentivos e innovaciones que poco a poco modifiquen los paradigmas en la inversión minorista. Entre estos, podrían estar los incentivos fiscales a cierto tipo de productos, por ejemplo aquellos más comprometidos con la sostenibilidad, o las soluciones de inversión mixta público-privada que hagan más atractivo el binomio rentabilidad-riesgo para el pequeño ahorrador.