La regulación y la burocracia se han convertido en sinónimos del funcionamiento de la Unión Europea. Ahora, es el sector financiero, especialmente el enfocado en la inversión, el que está sufriendo las consecuencias de las normativas aprobadas desde Bruselas. En este caso, hay que retrotraerse al año 2018 y a la puesta en marcha del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, que nació como un marco regulatorio para impulsar y regular la inversión bajo los criterios ESG, que responden a las siglas inglesas de Medioambiente, Social y Gobierno Corporativo.

Para los menos familiarizados con el concepto, la Comisión Europea buscaba canalizar e impulsar la inversión privada a aquellas compañías que trabajasen en reducir la huella de carbono suya o en el planeta; las que desarrollasen proyectos sostenibles; también las empresas que apostasen por la diversidad e inclusión y aquellas que tuvieran en cuenta una serie de valores a la hora de apostar por la propia gestión interna, entre otros criterios.

El resultado de estas buenas intenciones se transformó en la creación de diversas normativas, como el reglamento SFDR, el reglamento de divulgación, la clasificación de los fondos como artículo 8 y artículo 9 y, también, el famoso Green Mifid, que llegó en agosto de 2022. Sin embargo, casi seis años después desde que se pusiera la primera piedra, el resultado está siendo dispar. Por un lado, los fondos sostenibles – como se menciona más adelante – han demostrado ser más resilientes, menos volátiles y también más rentables, algo muy positivo para los inversores. Sin embargo, por otro lado, la complejidad burocrática y las incongruencias entre normativas han llevado a Bruselas a tener que replantearse casi por completo el camino marcado.

¿Qué ha pasado con la regulación ESG?

El mencionado Plan de Acción de Finanzas Sostenibles es, sin duda, ambicioso y pretende regular los diferentes engranajes de la cadena inversora. Es decir, desde la información que las empresas deben rebelar a los potenciales inversores, hasta la creación del propio producto – los fondos – y, por supuesto, la manera de llegar al inversor final.

Teniendo en cuenta estos tres pilares, hasta ahora, solamente se había comenzado a regular la parte de creación de producto y de comercialización de los mismos. Por el momento, las compañías no cuentan con ningún tipo de normativa estandarizada para informar de estos aspectos ESG, lo que complica la labor de las gestoras a la hora de hacer selecciones. Más allá de eso, la incompatibilidad entre las normas enfocadas al desarrollo de fondos y el ‘Green Mifid’ han llevado a las gestoras, asesores y regulador a tener que replantearse todo lo hecho hasta ahora.

“En los últimos meses han comenzado a celebrarse muchas reuniones para empezar a poner claridad y ver cómo canalizar el maremágnum regulatorio. La realidad es que se ha empezado a legislar y a poner normativas sin estar bien desarrolladas. La taxonomía está sin desarrollar, la clasificación de los fondos tampoco, en el ‘Green Mifid’ tampoco se han desarrollado las preguntas. Pero, desde la industria tenemos que cumplir con la norma, a pesar de esta falta de certeza”, explica Manuel Rodríguez Torrecillas, subdirector de Abante.

Para aterrizar el problema, basta con señalar que en el Green Mifid, a los asesores se les obliga a preguntar al inversor final sobre su alineación con la taxonomía o con las principales incidencias adversas (PIAS), sin que existan fondos que, regulatoriamente, cumplan con estos requisitos. Esto da lugar a que el asesor no tiene producto que ofrecer al cliente final debido a que a las gestoras no se les ha señalado cómo deben ser ese tipo de fondos de inversión.

El último de los problemas regulatorios se sitúa en las normativas nacionales de cada país. “Ahora mismo, nos encontramos con que un fondo puede ser sostenible y catalogado como tal en Luxemburgo, pero no en Francia o en Bélgica. Tenemos que avanzar a un sistema común para evitar situaciones realmente extrañas que complican todo”, se lamenta Marisa Aguilar, directora general de Allianz GI en España y Portugal.

¿Qué se puede esperar en los próximos años?

Aguilar y Rodríguez confirman que desde finales de año el regulador ha celebrado diversas reuniones con los diferentes actores implicados. Unas reuniones que darán como resultado un informe conclusivo, todavía por desarrollar, que indique un nuevo camino a seguir en cuanto al enfoque regulatorio de la inversión ESG.

Ahora bien, el principal problema parece radicar en esa disonancia entre la creación de producto y la comercialización. Por eso, para ello, todo parece indicar que se avanzará a una nueva categorización de los fondos de inversión ESG. Hasta el momento, existen solamente tres categorías: fondos artículo 6, que no cumplen con la norma; fondos artículo 8, que son sostenibles, pero menos exigentes; fondos artículo 9, que se enfocan en la inversión de impacto con fuertes exigencias para las gestoras. De hecho, a principios de 2023, el 40% de los fondos clasificados como artículo 9 fueron reclasificados como artículo 8 por no cumplir con los estándares, generando malestar y confusión.

“Tenemos que avanzar hacia un sistema de clasificación que sea más claro para que promueva la inversión. No descartamos que se creen nuevas categorías alineadas con los valores, con la inversión responsable y otras de transición energética. Incluso podría haber subcategorías relacionadas con el impacto”, señala Aguilar.

Una perspectiva que también comparte Georgina Sierra, directora Activos Financieros en DiverInvest y miembro de ASEAFI. “Pensamos que lo que viene ahora es una nueva etapa de creación o adaptación a productos más sostenibles pero esta vez más de calado y desde lo aprendido en esa primera etapa. En la medida que van saliendo las dificultades se van resolviendo y así es la forma como estamos avanzando”.

Por otro lado, según señala el subdirector de Abante, existe un problema a la hora de crear carteras diversificadas con los criterios actuales. “Solamente el 3% o 5% de las empresas del EuroStoxx cumplen con la taxonomía y si quieres conseguir un cumplimento de, al menos, el 20% te puede quedar con solo tres sectores. Esto hace que, al final, se construyan carteras muy sesgadas, que es a lo que intenta empujarnos la regulación. Si quieres ser muy verde, el universo de inversión se reduce mucho”.

El impacto en los inversores

Al poner sobre la mesa la inversión sostenible, es necesario hablar de la demanda de la misma. Lo cierto es que estos fondos han logrado superar la barrera de los 5 billones de euros bajo gestión y representan más de un 56% de la cuota de mercado de toda la Unión Europea. Es decir, no es una inversión de nicho, sino cada vez más mayoritaria.

Todo este buen comportamiento, a pesar de que Morningstar anticipa que en las próximas semanas y meses se reclasificarán al menos 85.000 millones de dólares en la industria de fondos relacionados con el artículo 9. De este monto, se estima que 70.000 millones de dólares se asignarán a estrategias pasivas, las cuales se centran en replicar índices.

Eso sí, dentro de la demanda de este tipo de fondos, también es necesario hacer una distinción entre el inversor institucional y el inversor minorista. “Los inversores institucionales están demandando cada vez más estos productos, aunque solo sea por un tema de riesgo reputacional. Donde creo que queda mucho por hacer es en el inversor final. Por ejemplo, en España no hay ningún tipo de incentivo para invertir en un vehículo sostenible frente a uno que no lo es”, comenta la directora general de Allianz GI.

“El cliente no te demanda per se invertir en compañías que no contaminen. Cuando entras en green mifid no lo entienden. Al final, les tenemos que explicar que es el mismo estilo de inversión, pero añadiendo un matiz de análisis sostenible”, explica el subdirector de Abante.

Eso sí, según Sierra, “el inversor institucional, aquel que no maneja capital propio o que trabaja con fundaciones, en el caso de estos inversores la demanda de productos socialmente responsables y sostenibles viene desde ellos y, por tanto, desde hace tiempo. Son ellos los que exigen cierto nivel de sostenibilidad y empujan a la, llamémosle “oferta”, a mejorar y a sacar productos más sostenibles y mejores”, menciona.

Los fondos ESG, la mejor noticia

No son todo malas noticias dentro de la inversión sostenible, ni mucho menos. La mejor de todas la representa el propio comportamiento de estos fondos. “Cuando coges estadísticas de mercado ves que estos fondos son menos volátiles, más resilientes y tienen un atractivo mucho mayor que los fondos tradicionales. Es más, en momentos de crisis de mercado, como la que vimos en 2022, estos fondos aguantan mucho mejor”, afirma Marisa Aguilar.

Unos datos respaldados por el supervisor europeo de los mercados financieros (ESMA, por sus siglas en inglés). Entre las conclusiones de un estudio realizado sobre el comportamiento de los fondos entre el año 2019 y el 2021 destaca el hecho de que los fondos ESG de renta variable obtuvieron un retorno medio bruto (antes de comisiones) del 3,3%, frente al 0,8% de los fondos convencionales comparables. A estos datos, se suma un análisis de Morningstar que certifica que en los últimos cinco años el 56% de los fondos ESG han sido más rentables que el resto de los fondos.

En la categoría de los ETFs y fondos indexados con criterios ESG, en subieron un 8,6% en 2023, frente a un 5,3% de los fondos activos con criterios sostenibles. En términos de rendimiento anualizado durante los últimos 5 años, los fondos indexados han superado a los activos, registrando un aumento del 6,7% en comparación con el 3,8% de los activos. Esto supone que, por el momento, la parte más rentable del universo ESG está liderada por los fondos de gestión pasiva. Y es que, la Unión Europea dispone de modelos de índices climáticos que permiten a los proveedores crear selectivos con la certificación europea. Además de los CTB, también introdujo los PAB (Paris Aligned Benchmarks, alineados con el Acuerdo de París). Aunque, por el momento y según la propia CNMV, el uso de este tipo de índices es “todavía muy limitada”.

Aunque, no hay que olvidar el delicado momento que vive la industria debido a la situación de mercado más incierta. “En el cuarto trimestre del 2023, y por primera vez desde que hay mediciones, se produjo una salida de dinero de los fondos sostenibles a nivel global, impulsada por el mercado de EEUU. En Europa ha habido entradas durante todo el período, aunque en ese último trimestre fueron más reducidas que en trimestres anteriores, casi testimoniales”, señala Eva Hernández, Colaboradora del Programa Finanzas Sostenibles de EFPA España. A pesar de eso, Hernández cree que los “factores estructurales no han cambiado”, lo que hará que la “necesaria transición hacia una economía neutral en carbono significa ingentes necesidades de inversión, con lo que las inversiones sostenibles van a seguir representando una macrotendencia relevante y grandes oportunidades de futuro”, concluye.