La regulación sostenible en Europa comenzó a edificarse en 2018 y desde entonces no han parado de crearse normas que han hecho avanzar la inversión sostenible y las finanzas verdes. Pero, al mismo tiempo han creado cierta confusión entre los participantes del mercado. De ello hablamos con Elisa Ricón, miembro del Comité Ejecutivo de FINRESP

Pregunta: En los últimos años se ha avanzado mucho en la regulación de las finanzas sostenibles, especialmente por el lado de la inversión, ¿qué podemos esperar para la parte empresarial?

Elisa Ricón: A juzgar por las tendencias actuales en materia regulatoria, por el marcado interés exhibido por el mercado y por la creciente sensibilidad de los inversores y clientes, cabe esperar que la regulación en materia de sostenibilidad que tenga a las entidades no financieras como sujetos obligados también vaya desarrollándose y haciéndose cada vez más compleja y exigente.

Estamos viendo el reflejo de esta tendencia en la implementación de nueva normativa a nivel europeo, la como CSRD, la CS3D o la Directiva de Green Claims; pero también en los nuevos desarrollos de normativa previamente aprobada, como por ejemplo la publicación de los criterios técnicos para los cuatro últimos objetivos de la Taxonomía Verde.

En definitiva la actividad financiera y aseguradora reflejan el modelo productivo existente. Para poder ofrecer soluciones de inversión y aseguramiento sostenible necesitan los datos de las empresas, por lo que los avances normativos deben ser simétricos.

La conclusión es clara: la normativa, tanto para entidades financieras como para entidades no financieras, está avanzando, y va a continuar avanzando a lo largo de las líneas definidas por el Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea.

Desde FINRESP entendemos que la transparencia es positiva, puesto que permite asegurar que el mercado y los inversores tengan siempre una imagen fiel, y todos los datos veraces y relevantes que necesiten para tomar decisiones informadas. Pero también apostamos por un desarrollo equilibrado, que reconozca la realidad del tejido empresarial y configure un marco de cumplimiento factible.

En última instancia, esto va a permitir la canalización de las inversiones hacia actividades sostenibles, lo que facilitará la transición de nuestra economía hacia modelos más respetuosos con la sociedad y con el medio ambiente. Y estas inversiones son muy necesarias, pues para alcanzar los objetivos de la Unión Europea fijados en el Acuerdo de Paris para 2030, es necesario cubrir un déficit de inversión estimado en 180.000 millones de euros al año.

Elisa Ricón: "Es necesario cubrir un déficit de inversión estimado en 180.000 millones de euros al año.

¿Están las empresas preparadas para adaptarse a una nueva normativa que les haga tener que hacer más esfuerzos para evaluar su impacto climático y social?

Según el Eurobarómetro sobre pequeñas y medianas empresas realizado en 2022 por la Comisión Europea, el 89% de las pymes de la Unión ya está tomando acciones para ser más sostenible. Es más, el 24% de ellas tiene un plan para reducir la huella de carbono de su negocio, y un tercio (32%) ya ofrece productos ecológicos. Esto demuestra que incluso las empresas más pequeñas ya están poniendo en marcha medidas para ser más sostenibles, y que esta es una preocupación que comparten.

El nivel de preparación ante las demandas de la nueva normativa dependerá de cada empresa, pero los grados de exigencia igualmente deberán adecuarse a las capacidades y las características de las empresas obligadas. Resulta obviamente contraproducente imponer exigencias para las que las empresas no estén preparadas, o que resulten excesivamente onerosas para sus modelos de negocio.

Dicho esto, desde FINRESP opinamos que todas las empresas, en la medida de sus posibilidades, comparten el deber y la responsabilidad de contribuir a este futuro sostenible al que aspiramos. En este sentido, conocer el impacto económico y social de una empresa es un primer paso imprescindible para poner en marcha medidas ulteriores que nos permitan mejorar su rendimiento en materia socioambiental. Por ejemplo, conociendo el principal origen de las emisiones de gases de efecto invernadero de una empresa seremos capaces de poner en marcha las medidas necesarias para reducirlos.

Esta transición hacia un modelo más sostenible, vistas las tendencias actuales del mercado y los problemas a los que nos enfrentamos, como el cambio climático, ha dejado de ser una opción y ha pasado a convertirse en un imperativo, pero se trata de un proceso que no puede basarse solo en regulación y cargas, sino que las empresas deben contar con incentivos para facilitar la transición. Las empresas que no estén preparadas para afrontar estos retos deben poner en marcha los medios necesarios para ello y aquellas empresas que no dispongan de estos medios deberán recibir la asistencia público-privada que requieran para poder realizar esta transición de forma ordenada, y para ello, las entidades que formamos parte de FINRESP compartimos el compromiso de actuar como palanca facilitadora.

Desde Europa, se ha tenido que parar y hacer un replanteamiento de la regulación sostenible en cuanto a los fondos de inversión, ¿qué fallos creéis que se están dando a nivel de desarrollo normativo?

A nivel de desarrollos legislativos, uno de los principales problemas identificados es la cuestión de los calendarios normativos.

En ese sentido, los participantes en los mercados financieros (primeros sujetos obligados por la normativa de sostenibilidad) se han visto forzados a “empezar la casa por el tejado”. Esto es, han tenido que procesar y divulgar información sobre sostenibilidad sin disponer de todos los datos necesarios. La falta de información fiable, homogénea y disponible, así como la ausencia de un marco normativo sólido, han sido obstáculos para la implementación del marco normativo de la sostenibilidad.

Por otra parte, si bien no se puede negar la importancia de avanzar hacia una economía más sostenible, es fundamental conceder a los agentes económicos el tiempo necesario para implementar los cambios pertinentes. Tanto las entidades financieras, los mercados y los inversores, como los propios reguladores, vienen acometiendo reformas contrarreloj en sus estructuras y actividades.

En relación con lo anterior, es crucial reconocer que el proceso de adaptación en materia de sostenibilidad no es ni rápido ni sencillo. Requiere tiempo, esfuerzo y enfrentarse a diversos desafíos, como la recopilación de la información pertinente, especialmente en el ámbito climático, en materia de biodiversidad de los ecosistemas o de potenciales incidencias en la esfera de lo social. En ese sentido, el propio proceso de adaptación es, en sí mismo, un avance significativo, más aún teniendo en cuenta el papel que la regulación europea busca otorgar a la “transición ecológica”.

En resumen, el desarrollo normativo en materia de sostenibilidad no ha venido exento de obstáculos, dificultades y desafíos para su implementación, pero también debemos reconocer que se van dando pasos en la dirección correcta. Con tiempo, esfuerzo y colaboración, confiamos en poder avanzar hacia un futuro más sostenible para todos.

No hablaríamos, por tanto, de un parón o replanteamientos de la regulación. Como ya hemos visto, la regulación sigue adelante. Por otro lado, hay que destacar que el retroceso en materias de sostenibilidad no es una opción en absoluto. El único camino a seguir es siempre hacia adelante.

Una de las posibles soluciones es la colaboración público-privada, ¿en qué aspectos sería esencial?

FINRESP apoya el establecimiento de marcos de colaboración entre el sector financiero y la Administración, a fin de promover una acción coordinada frente a los retos que puede suponer este proceso de transición.
De hecho, el sistema financiero y la actividad aseguradora figuran como uno de los 18 ámbitos de trabajo establecidos en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). En este sentido, FINRESP celebra la importancia brindada al sector en este Plan, y comparte la disposición del Gobierno de España a la hora de favorecer marcos de colaboración entre el sector y la administración pública.

A través del establecimiento de marcos para la colaboración político-privada pueden generarse sinergias muy positivas entre los actores estatales y las entidades empresariales y, lo más importante, pueden crearse vías de comunicación que alineen los esfuerzos, necesidades, recursos y expectativas de ambas esferas.

Contando con estas vías de comunicación y colaboración, el sector público puede ajustar y modular los tiempos y requerimientos en atención a la capacidad de las empresas para afrontarlos, y ser consciente de sus retos y necesidades para obrar en consecuencia, por ejemplo, a través de ayudas o exenciones. Las empresas, por su lado, tienen los recursos necesarios para implementar de forma eficaz la normativa, y hacer partícipe a la Administración de los resultados obtenidos por la misma.

Este círculo virtuoso genera importantes beneficios para ambos mundos: privado y público, y refuerza la noción de que la evolución hacia un modelo más sostenible solo es posible a través de una colaboración estrecha entre todos los actores de la economía, tanto públicos como privados.

Confiamos además en que el Libro Verde de las Finanzas sostenibles, de próxima publicación, aproveche todo el potencial de colaboración existente.

Europa está siendo la principal impulsora de este tipo de iniciativas regulatorias, ¿esto puede suponer un hándicap para las empresas y el continente o un impulso de crecimiento?

Un crecimiento, si se hace bien. La implementación de cuestiones relacionadas con la sostenibilidad en la gestión de las empresas, de hecho, hará que la economía europea sea más resiliente y permitirá importantes avances en los procesos productivos. Numerosos estudios han demostrado que las empresas y productos financieros con altos rendimientos en materia de sostenibilidad son igual o más rentables en el medio y largo plazo.

Así, por ejemplo, integrar los riesgos de sostenibilidad en la gestión de una empresa puede ayudar a que esta se encuentre preparada para afrontar los perjuicios que un fenómeno climático extremo pueda causar en su cadena de suministros, o enfrentarse a las consecuencias de un gran aumento en el precio de los derechos de emisión.

Es cierto que esta transición puede resultar compleja para las empresas, y sin duda requerirá de inversiones y esfuerzos significativos, no solo para adaptarse a la normativa, sino también para responder a las exigencias del mercado y de los grupos de interés. No obstante, los beneficios que esta transición traerá para las empresas, para la sociedad y para el planeta, están fuera de toda cuestión. Como también fuera de toda cuestión está la necesidad de crear un modelo más sostenible, que garantice la viabilidad de nuestro sistema económico en el medio y largo plazo, promoviendo un crecimiento económico al tiempo que asegura un uso responsable de los recursos naturales.