La incertidumbre lleva marcando la agenda económica desde hace tres años. En este contexto, la perspectiva de las principales organizaciones y asociaciones empresariales, así como sus dirigentes, puede otorgar al lector de una óptica única de hacia donde evolucionará el panorama nacional a lo largo del año.

Price Waterhouse Coopers (PwC) ha lanzado el Consenso Económico y Empresarial, su informe trimestral de coyuntura económica, basado en una encuesta basada en la opinión de 450 directivos y empresarios que desarrollan su actividad en España. 

Pesimismo en torno al déficit presupuestario

El Gobierno ha señalado que este año las cuentas públicas cerrarán con un déficit del 3,9%, pero más de la mitad de los dirigentes encuestados considera que existe un riesgo alto de incumplir esta meta. Asimismo, un porcentaje muy similar también cree que peligra la consecución de los planes de convergencia a medio plazo, que marcan un déficit del 2,9% para 2025. Entre las razones de esta percepción de “riesgo alto”, destaca el aumento discrecional del gasto público y el aumento del coste de la deuda pública, ya que dos tercios de los encuestados consideran que será superior a las proyecciones del Gobierno. 

Casi ocho de cada diez expertos consultados -78%- considera que los objetivos del Gobierno están influidos por las elecciones que marcarán la agenda política de este año. La mayoría -62%- considera que los objetivos de deuda y déficit son demasiado laxos. Siete de cada diez encuestados cree que el aumento del gasto en pensiones -20.000 millones más de gasto- supone un “riesgo para la sostenibilidad” de las cuentas públicas. Tan solo un 6% de los participantes en el informe considera lo contrario. De hecho, casi la mitad de los dirigentes participantes en la encuesta ven un riesgo de aumento de la prima de riesgo por no reducir el déficit estructural. 

En este sentido, el 63% considera que las cuentas públicas en negativo se deben, al menos parcialmente, a no haber corregido debidamente el déficit estructural heredado de la crisis financiera de 2008. Asimismo, el 48% señala la alta inflación como causante del ajuste de las cuentas públicas, y no a las medidas fiscales del Gobierno. Además, un 20% cree que las proyecciones macroeconómicas para 2023 no justifican la extensión de la cláusula de salvaguarda, que permite a los Estados miembros de la Unión Europea superar los objetivos de déficit establecidos antes de la pandemia, mientras que solo un 27% cree que esta se debe prorrogar.

Reformas pendientes

También parece haber consenso entre la mayoría de los consultados sobre las actuaciones que se deben impulsar desde el poder público. El 62% considera que no se ha avanzado lo suficiente en las reformas fiscales, mientras que un 67% cree que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se debería actualizar automáticamente con la inflación. Además, casi tres de cada cuatro achaca el aumento de la recaudación al crecimiento económico y no a las reformas aprobadas.

En cambio, solo el 37% considera que los ingresos no son suficientes por la reducida base impositiva u por el carácter temporal de los impuestos aprobados a finales de 2022, como el de la banca o el de las grandes fortunas. 

Por último, la mayoría concuerda en la dependencia excesiva de los fondos europeos y que la legislatura actual ha supuesto un retroceso en la racionalización del gasto público.